Como la transición española se hizo de la ley a la ley, el aparato judicial franquista es convirtió en aparato judicial «democrático» sin que ni una sola de las personas que formaron parte del engranaje represivo de la dictadura fuera enjuiciada por sus crímenes. La ausencia de rupturas permitió que, pese al tiempo transcurrido, la judicatura tenga hoy en día más que ver con la tradición franquista que con la antifranquista. Por si esto fuera poco, esas continuidades se entrelazan con la ofensiva neoliberal, en la que el poder judicial juega un importante papel de bloqueo de alternativas y justificación de privatizaciones, saqueos y erosión de toda forma democrática… ¡en nombre de la libertad!

Tribunales que han avalado la legislación que ha hecho posible –entre otras cosas– la utilización sistemática de la tortura, la ilegalización de partidos, la anulación del derecho a sufragio activo y pasivo de miles de personas, la impunidad del terrorismo de Estado, una cruel política penitenciaria, la corrupción y unas prácticas racistas que generan niveles diferentes de derechos, se han mostrado escandalizados por el estado de alarma en tiempos de covid-19 hasta el punto de declararlo ilegal. ¡Qué finura democrática, qué exquisitez en el respeto a las libertades! Hay que tener mucho cuidado con limitar el horario de apertura de discotecas porque eso podría poner en riesgo derechos fundamentales, esos mismos que por lo visto no peligran para quien está incomunicado en dependencias policiales, en una celda, indefensa ante un agresor machista ya denunciado o cruzando el mar Mediterráneo en una patera.

La combinación de la tradición autoritaria postimperial española y el neoliberalismo corrompe profundamente todo principio democrático, y lo hace en nombre de la libertad. Y hay quien desde posiciones supuestamente críticas blanquea esa operación llegando a dar voz a polícias defensores de la ley mordaza.