Un reciente sondeo asegura que, a pesar de esa precariedad económica y del descrédito profundo para con la representación política, cuatro de cada diez ciudadanos franceses estaría dispuesto a comprometerse en la vida ciudadana. Dónde están es un misterio, porque en estos últimos años esa misma ciudadanía es la que ha permitido que los gobiernos hayan ido minando los derechos civiles que los revolucionarios de 1789 reinventaron cuando cercenaron con la guillotina los privilegios de clase. 

En aquel entonces, la carta de derechos de la nueva ciudadanía se tradujo en todos y cada uno de los idiomas del reino de Francia y de Navarra, mientras que hoy los tribunales de la República se niegan en un francés monolingüe a que intérpretes intervengan para que los acusados puedan defenderse en su propio idioma, como les ha ocurrido a los cuatro militantes de Euskal Herrian Euskaraz condenados por reclamar que los vascos puedan expresarse en su lengua en su propia tierra. 

La pena, una multa económica y la privación de sus derechos civiles durante dos años, como si el Estado francés no nos hubiera privado ya, hace tantísimo tiempo, de nuestros derechos más elementales no ya como ciudadanos, sino como pueblo. Está claro que no nos entienden. Pero no porque no hablen nuestro idioma, sino porque no comprenden nuestro compromiso.