La ofensiva de los talibán contra el Ejército afgano y la réplica estadounidense en forma de bombardeos contra los insurgentes rigoristas afganos evidencia la fragilidad del acuerdo firmado hace escasos días en Qatar.

Es evidente que lo que los equipos negociadores de EEUU y de los talibán rubricaron a dúo el pasado sábado en Doha es un acuerdo de principio o, si se quiere, un principio de acuerdo de paz.

Los puntos acordados son una sucesión de compromisos que se vinculan en cadena, y en calendario, unos con otros. Así, EEUU se compromete a replegar unos 4.000-5-000 soldados en un plazo de 135 días pero a condición de que los talibán mantengan el cese de su ofensiva y se comprometan a su vez a no albergar en los territorios bajo su control (al menos la mitad del país) a grupos yihadistas como Al Qaeda o el Estado Islámico (ISIS).

Esta exigencia es tan fácil de cumplir o incumplir como difícil de demostrar. No es ningún problema para los talibán en el caso del ISIS, su enemigo jurado en el este del país fronterizo con Pakistán. Por lo que toca a Al Qaeda, fue precisamente la resistencia de los talibán a expulsar al ya desaparecido Osama Bin Laden y a su red lo que EEUU utilizó para justificar la guerra afgana a finales de 2001, mientras aún humeaban los escombros de las Torres Gemelas.

Más problemático puede resultar para los talibán implicarse seriamente en un diálogo político interafgano con un gobierno al que niegan toda legitimidad. Un diálogo difícil y que se prevé largo. De ahí que EEUU no se haya comprometido a una retirada total en un plazo  inferior a 14 meses.

Ha sido precisamente la discriminación del Gobierno de Kabul en las negociaciones, forzada por el veto talibán, la que ha propiciado la primera crisis del acuerdo a escasas 72 horas de su entrada en vigor. Convidado de piedra, el presidente afgano, Ashraf Ghani, no tardó en advertir de que no se siente concernido por el canje de prisioneros negociado en el acuerdo.

Los talibán han montado en cólera por la negativa del gobierno a sacar de prisión a 5.000 de sus guerrilleros y dirigentes políticos y ha anunciado que la suspensión de su ofensiva se limita a las fuerzas extranjeras, no a los policías y soldados afganos, objetivo desde el lunes de ataques y emboscadas en muchas partes del país. EEUU se ha visto «obligado» a bombardear objetivos talibán como advertencia, poniendo en riesgo su acuerdo con los insurgentes.

No es la primera vez que una fuerza ocupante ve cómo las instituciones títeres que creó para justificar precisamente su ocupación se reivindican, precisamente en el momento más inoportuno.

Le ocurrió a EEUU en Vietnam, como les pasó a los soviéticos en el mismo Afganistán tras su desastrosa invasión y ocupación en la década de los ochenta.

Pero ambos ejemplos, y sus respectivos desenlaces, evidencian la paralela fortaleza del principio de acuerdo, o acuerdo de principio para una futura paz en Afganistán. Porque tanto el presidente Trump como EEUU están desesperados por salir cuanto antes del avispero afgano. El primero para apuntalar su campaña electoral con un éxito diplomático. El imperio, porque quiere acabar con una guerra que dura ya 19 años, en la que ha dilapidado un billón (con b) de dólares y que sabe que nunca ganará.

Como nunca ganaron británicos y soviéticos su guerra en ese indómito país centroasiático.

EEUU quiere lograr un acuerdo y no dudará en presionar al Gobierno de Kabul para que ceda en sus pretensiones. Para ello le ha otorgado el protagonismo que exige en el futuro diálogo interafgano.

Un diálogo que se antoja complejo. Los 14 meses de plazo que se ha dado Washington para una retirada total parecen poco tiempo para lograr un acuerdo político. Sobre todo a la vista de la fortaleza de los talibán, que podrían sentirse tentados a transformar su «victoria militar estratégica» en réditos políticos y negarse a un reparto de poder y a transigir en sus exigencias en materia de aplicación rigorista de la Sharia o ley musulmana.

De todos modos, esa no deja de ser una cuestión secundaria para EEUU, que no invadió Afganistán para imponeer los derechos humanos y la libertad religiosa y, por tanto, tampoco dejará de retirarse del país para defenderlos.