La Diputación de Gipuzkoa y las Juntas Generales, que han ejercido la acusación particular en el caso del fraude de la Hacienda de Irun, han emitido un comunicado conjunto en el que expresan su satisfacción por la sentencia del Tribunal Supremo que rebaja de 11 a 10 años la condena de José María Bravo, y de 3 años y 4 meses a 2 años y 4 meses la de Rosa Cobos.

Ambas instituciones que el alto tribunal ha evaluado «muy positivamente» los informes y la labor realizada por el personal técnico de la Hacienda foral.

Para la diputada de Hacienda, Helena Franco, este hecho tiene «importancia» porque «durante el juicio la defensa se dedicó a atacar duramente al personal técnico».

Por su parte, la presidenta de las Juntas, Lohitzune Txarola, ha afirmado que «el dinero robado volverá a la Hacienda de Gipuzkoa y beneficiará a su ciudadanía».

«El hecho de meter el dinero de los contribuyentes en bolsillos particulares aquí no sale barato», ha manifestado.