El pasado 24 de abril, el edificio Rana Plaza, situado a las afueras de Dacca, capital de Bangladesh, se vino abajo. Las primeras cifras de víctimas, que rondaban el centenar, dispararon las alarmas, al descubrirse que en el edificio se fabricaban productos textiles para marcas como Primark, Carrefour, Walmart, Benetton, Mango y C&A. Semanas más tarde, el recuento final de trabajadores muertos en el edificio superó las 1.000 personas.

El accidente provocó airadas manifestaciones en Dacca, protagonizadas por trabajadores de la industria textil, en demanda de unas mejores condiciones laborales y, sobre todo, puso de manifiesto las miserables condiciones en las que trabajan miles de bengalíes, así como trabajadores de la industria textil de buena parte del sureste asiático.

No es la primera vez que ocurre un suceso como el del Rana Plaza –en noviembre unas 120 personas fallecieron por un incendio en otra fábrica textil de Dacca–, pero su magnitud y, sobre todo, las protestas organizadas por los trabajadores obligaron, por primera vez en décadas, a moverse tanto a las autoridades gubernamentales como a las marcas internacionales que sacan tajada de las condiciones laborales en países como Bangladesh.

El Gobierno, habitualmente temeroso de que elevando los costes laborales pierda su ventaja competitiva –por eso acostumbra a dejar la iniciativa a las multinacionales–, se dispuso a cerrar varios centros industriales similares al Rana Plaza.

Por su lado, empresas como Primarc, Inditex, El Corte Inglés y H&M, apelando a su responsabilidad social corporativa, firmaron a mediados de mayo un acuerdo para mejorar la seguridad de las fábricas en Bangladesh. Pero más allá de las palabras, cuesta creer que haya sido el compromiso social el que haya movido a estas marcas, ya que numerosas ONGs tenían encima de la mesa propuestas similares desde hacía años y no ha sido hasta ocurrida la tragedia que no han reaccionado. Cabe destacar, además, que algunas empresas estadounidenses como Walmart no han querido ni siquiera firmar este acuerdo de mínimos.

El origen de los vaqueros a 10 euros

Desde la campaña ‘Ropa Limpia’, que desde hace años une a diferentes ONGs de todo el mundo en defensa de los trabajadores textiles del mundo, reconocen que el acuerdo alcanzado es un pequeño paso adelante que mejorará relativamente las condiciones laborales. Sin embargo, recuerdan que los problemas de raíz siguen estando presentes: aquellos que nos permiten, después de un largo viaje, comprar pantalones vaqueros por 10 euros en grandes superficies comerciales.

Problemas como la falta de seguridad –puesta de manifiesto en Bangladesh–, la subcontratación –que exime de responsabilidad a las grandes empresas multinacionales, ya que no producen ellas directamente–, la falta de derechos laborales –la sindicalización de los trabajadores está perseguida de facto– y los sueldos de miseria –que en Bangladesh se sitúan en una media de 38 euros al mes– siguen siendo el pan de cada día para miles de trabajadores. Un salario mínimo irrisorio que no sirve para llevar una vida digna, razón por la que campañas como ‘Ropa Limpia’ prefieren hablar de salario digno, tomando como referencia los salarios fijados por Asia Floor Wage, un estándar acordado por sindicatos y ONGs que trabajan en países del sureste asiático.

Desde ‘Ropa Limpia’ destacan, además, que un trabajador en Bangladesh recibe apenas entre un 1% y un 3% del precio final de la prenda. «Si pagamos ocho euros por una camisa, la trabajadora que la hizo recibirá como mucho 24 céntimos; si se doblase su salario, pasando todo el incremento al consumidor final, significaría encarecer la camisa otros 24 céntimos», resumen en un documento.