Según fuentes de la institución foral citadas por Europa Press, hace una semana se trasladó a la empresa Incoesa la apertura de un expediente ante la posibilidad de que estuviese cometiendo una deslocalización de la actividad, pero «no es un procedimiento inmediato, sino que se comunica a la empresa el inicio del expediente y se escucha a las partes».

Si se constata que se trata de una deslocalización de la actividad empresarial, la Diputación de Bizkaia reclamará a Incoesa un total de 190.000 euros por ayudas concedidas en los últimos años.

La Norma Foral aprobada en 2007 contra la deslocalización exige la devolución de toda aquella ayuda otorgada a cualquier empresa que después optase por una medida deslocalizadora, como, según denuncian los trabajadores de la planta de Bedia, es el caso de Incoesa.

La plantilla de la empresa vizcaina se encuentra en huelga indefinida desde el pasado 27 de mayo en contra del plan de la dirección de trasladar la producción a Soria y Extremadura y realizan concentraciones ante la sede de las Juntas Generales de Bizkaia para exigir la implicación de las instituciones en el conflicto.

Críticas a la «parálisis» institucional

Por su parte, el sindicato LAB, a través de un comunicado, ha acusado a la Diputación de Bizkaia de mantener una actitud de «parálisis» ante la situación que sufren los trabajadores de la citada planta.

Ha criticado que las instituciones han hecho «dejación en sus responsabilidades» al dejar «desamparados» a los trabajadores «frente al expolio y destrucción del tejido industrial».

El sindicato ha censurado que se haya «incumplido» la declaración institucional aprobada en junio pasado en las Juntas Generales de Bizkaia, en la que se instaba a la Diputación a revisar las ayudas o subvenciones que se mantuvieran con la empresa «ante la amenaza de deslocalización y destrucción de empleo» prevista.

Para LAB, «no se entiende ni el retraso, ni la parálisis del equipo de José Luis Bilbao en este tema cuando a lo largo de este verano ha habido diferentes intentos de la empresa para desmantelar la planta de Bedia».

La central abertzale también ha denunciado «la brutal carga» de la Ertzaintza durante las protestas de los trabajadores que ayer trataban de evitar el que la planta fuera vaciada. Tras las cargas, que dejaron varios heridos, la Ertzaintza ha imputado a siete personas.

Petición de comparecencia

También EH Bildu ha expresado su preocupación por la situación en Incoesa y ha criticado la actitud mantenida por la Diputación de Bizkaia.

El juntero abertzale Asier Arana ha anunciado que la coalición va a solicitar la comparecencia urgente del diputado foral de Promoción Económica, Imanol Pradales, para que dé explicaciones en relación al conflicto en la empresa de Bedia.

La parlamentaria de EH Bildu Maribi Ugarteburu ha señalado que «la primera muestra práctica» del pacto para la «promoción económica» suscrito por PNV y PSE «ha sido enviar la unidad especial de la Ertzaintza a Incoesa y golpear a los trabajadores».