Iñaki Telleria
Donostia

Las pensiones se verán devaluadas entre 1.100 y 1.500 euros al año

Cáculos de procedencias tan dispares como los sindicatos ELA y UGT, el diario ‘El País’ o la empresa de seguros AXA barajan que, con la aprobación del proyecto de reforma de las pensiones del Gobierno del PP, los pensionistas perderán en tre 1.100 y 1.500 euros al año de media en el periodo de aplicación de las medidas gubernamentales, entre 2014 y 2020. La pérdida de valor de las pensiones se estima entre el 9 y 10%, a nada que la inflación supere el 1% estimado.

Imagen de archivo de una concentración de pensionistas ante las sedes de la Seguridad Social en Donostia, Bilbo y Gasteiz. (ARGAZKI PRESS)
Imagen de archivo de una concentración de pensionistas ante las sedes de la Seguridad Social en Donostia, Bilbo y Gasteiz. (ARGAZKI PRESS)

El objetivo del Gobierno español con el proyecto de reforma de las pensiones es ahorrarse 33.000 millones de euros. Para ello ha desligado el cobro de las mismas del IPC como se hacía hasta ahora y lo va a condicionar a la esperanza de vida y al concepto de gastos e ingresos en los Presupuestos en función de la coyuntura económica. El Ejecutivo ha calculado una subida del IPC de un 1% en los próximos años y, en base a ello, le salen las cuentas de que las pensiones no se van a reducir en los siguientes ejercicios, pero los datos de años precedentes, con subidas del IPC superiores, llevan a pensar lo contrario.

El sindicato ELA calcula que la reforma supondrá para los pensionistas vascos una rebaja de 90 euros al mes en los próximos cinco años. La central denunció que se confirma la pretensión inicial de reducir los ingresos a la población pensionista y su poder adquisitivo «impulsando, una vez más el negocio de las pensiones privadas de las entidades financieras. Va a empobrecer brutalmente a las personas pensionistas».

ELA considera que desde el 2014 la subida de las pensiones se va a limitar al 0,25%. Según sus cálculos, esto supondrá un reducción del valor de las pensiones del 9% en los próximos cinco años, una media de 90 euros en Hego Euskal Herria. De esta forma el Gobierno español pretende ahorrar 5.000 millones de euros en 2019. Por otro lado, a quienes se jubilen a partir de 2019 se les reducirá la pensión un 0,4% cada año.

En función de la inflación

Entretanto, según el cálculo realizado por el diario ‘El País’, la pensión media se devaluará en unos 1.500 euros al año. La prestación media de un jubilado en el Estado español asciende a 13.746,88 euros al año, repartida en 14 pagas de 981,92 euros. Con la estimación del Gobierno del PP -inflación del 1%-, la pensión de 2019 será 638 euros inferior a lo que sería si no se aplica la reforma.

Si la inflación en los próximos seis años se situara en el 2% anual, la devaluación acumulada en el mismo periodo equivaldría a 109 euros mensuales, unos 1.527 euros en todo el año. Con el 3% de inflación, lo perdido por los pensionistas llegaría a 2.460 euros, más de 175 euros en cada paga. De esta forma, según el periódico madrileño, el recorte real podría duplicar la estimación oficial.

Por su parte, según estimaciones de UGT, los pensionistas verán recortado su poder adquisitivo entre un 20% y un 28% durante los próximos años.

Sin garantías

Más contundente aún se mostró el director de Vida, Pensiones y Servicios Financieros de AXA, Luis María Sáez de Jáuregui, para quien la nueva fórmula de revalorización de las pensiones «no garantiza ni a corto ni a largo plazo» el poder adquisitivo de los pensionistas.

Para ilustrar esta afirmación, este experto en pensiones planteó algunos cálculos orientativos. Así, Sáez de Jáuregui calcula que si durante dos años el IPC alcanza el 3,5% y el sistema presenta desequilibrios por razones de paro, «todos los pensionistas, actuales y futuros» perderían más de un 6,25% de poder adquisitivo.

Para recuperar esa pérdida, estima que se necesitarían nada menos que 25 años de bonanza. Sáez de Jáuregui entiende que la propuesta del Gobierno del PP persigue garantizar el sistema ante los desequilibrios derivados de la falta de nacimientos en el Estado español y del paro, pero no el poder adquisitivo de los pensionistas.