Los convocantes habían suscrito un llamamiento en el que subrayaban que «para la clase obrera y el resto de los pueblos del Estado español debe quedar muy claro que mientras el Gobierno y la Audiencia Nacional ordenan asaltos armados, el pueblo vasco y, en especial, las organizaciones de la izquierda abertzale hacen una apuesta decidida por las vías políticas para la consecución de sus legítimas aspiraciones».

A su juicio, esta redada ha sido también «una huída hacia delante de un Estado enfangado en la corrupción – empezando por la Casa Real – y de un régimen de la Transición que se debilita de forma galopante».

Por ello, exigían la puesta en libertad y sin cargos de todos los detenidos y denunciaban «el infame papel del Estado y del Gobierno que, lejos de abrir vías de diálogo en Euskal Herria vuelca toda su violencia para intentar torpedear cualquier avance en la resolución del conflicto».