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Bilbo

Imputados en los macrojuicios señalan que Europa y la ONU «miran con lupa» a Madrid

Los imputados en los sumarios 35/02 –contra la dirección de la izquierda abertzale– y 26/11 –contra jóvenes independentistas–, cuyos juicios está previsto que arranquen la próxima semana, han hecho hoy balance de los contactos mantenidos recientemente en Europa y han señalado que los organismos internacionales están «mirando con lupa» la actuación del Estado español.

Karmelo Landa y Sabin Del Bado. (Jon HERNAEZ / ARGAZKI PRESS)
Karmelo Landa y Sabin Del Bado. (Jon HERNAEZ / ARGAZKI PRESS)

En una rueda de prensa en Bilbo, Karmelo Landa y Sabin Del Bado han calificado de «fructíferos» de los contactos que han mantenido tanto con representantes de las instituciones de la UE como con políticos de Escocia e Irlanda.

Estas reuniones se suman a las mantenidas en Euskal Herria, donde se han encontrado con todos los sindicatos, los partidos políticos –a excepción del PP–, y «multitud» de agentes sociales para mostrar su oposición a «los juicios políticos» y defender «los derechos civiles y políticos para todas las personas», así como apostar por «una solución al conflicto que vivimos en Euskal Herria».

En la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo han mantenido contactos con todos los grupos salvo «la extrema derecha lepenista», situación que se ha repetido en Bruselas, donde algunos de sus interlocutores mostraron «estupor» y «enfado» por la actitud del Gobierno español. Landa ha indicado que «ahora mismo hay iniciativas institucionales en marcha», aunque ha eludido detallarlas hasta que se concreten, y ha subrayado que el Estado español «está siendo analizado con lupa por instituciones muy importantes de Europa y también en las Naciones Unidas».

En este sentido, ha indicado que el comisario de Derechos Humanos, Nils Muiznieks, ha realizado «una lectura crítica muy dura sobre la aplicación de la tortura», y ha recordado que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se pronunciará próximamente sobre la doctrina 197/2006.

Landa ha señalado que Naciones Unidas emitió en 2009 un dictamen  en el que se establecía que, aunque una organización esté ilegalizada «la práctica de actividades políticas legítimas jamás pueden ser penalizadas». En este contexto ha considerado que los dos procesos que comienzan la próxima semana deberían «ser ya invalidados».