La postura del abogado general –que no es vinculante, pero que resulta refrendanda por el TUE en el 80% de los casos- responde a un litigio iniciado por una empresa de transporte establecida en Catalunya, que solicitó que se le devolvieran los 45.000 euros que tuvo que pagar por este impuesto alegando que era ilegal.

En sus conclusiones, Nils Whal sostiene que este impuesto «es contario a la directiva sobre los impuestos especiales» porque no cumple los dos requisitos que exige la norma para este tipo de gravámenes.

En primer lugar, asegura que no cumple el requisito relativo a la existencia de una finalidad específica no presupuestaria. Ello se debe a que persigue el mismo objetivo que el impuesto especial armonizado sobre hidrocarburos, que consiste en reducir los costes sociales –sanitarios y medioambientales– provocados por el consumo de hidrocarburos. Además, no se ha demostrado que la estructura del impuesto esté concebida para desincentivar el consumo de hidrocarburos o para incentivar el consumo de otro producto menos perjudicial.

En segundo lugar, el abogado general entiende que el «céntimo sanitario» no respeta el sistema general de los impuestos especiales o del IVA para la determinación del devengo.

«Riesgo deliberado»

Si se confirma la sentencia las diferentes administraciones podrían tener que devolver 13.000 millones de euros, aunque el dictamen admite que se podrían limitar los efectos y no afectar a los impuestos recaudados en el pasado.

No obstante, Whal remarca que «España parece haber asumido deliberadamente el riesgo de seguir adelante con la legislación controvertida y, en consecuencia, esa legislación se ha aplicado durante muchos años en perjuicio del consumidor final y del mercado interior».

Y es que ya en 2008 la Comisión Europea comunicó al Estado español que este «céntimo sanitario» no se ajustaba a sus normativas sobre impuestos especiales, lo que en la práctica suponía una declaración de ilegalidad.

Vigente en Nafarroa

En Hego Euskal Herria, este impuesto está vigente en Nafarroa desde junio de 2012. El Parlamento foral lo sacó adelante con los votos de UPN, PSN y PP, y el voto en contra de NaBai, Bildu e I-E. El Gobierno navarro preveía recaudar unos 8 millones de euros al año.

El entonces vicepresidente segundo del Gobierno de Nafarroa y consejero de Economía y Hacienda, Álvaro Miranda, aseguró que «es una medida que tiene poca repercusión en los ciudadanos».

En concreto, en Nafarroa este tributo grava con 0,024 euros cada litro de gasolina, gasóleo de uso general y queroseno. En el caso del gasóleo de usos especiales y el de calefacción el gravamen es de 0,006 euros el litro y el del fuelóleo es de 1 euro por tonelada. En el caso de taxistas y transportistas de mercancías y de personas, el gasóleo de uso especial está excluido de este impuesto.

El Gobierno de Lakua –entonces en manos del PSE– también puso sobre la mesa la posibilidad de implantar este tributo en febrero del año pasado, pero el propio lehendakari Patxi López lo descartó un par de semanas más tarde en vista del rechazo generado.