El macrojuicio contra la dirección de HB, EH y Batasuna se ha retomado hoy en la Audiencia Nacional con la intervención de Joseba Permach. El actual responsable institucional de Sortu y exparlamentario en Gasteiz ha insistido en la diferenciación «explícita» que gobiernos y partidos establecían entre HB, EH y Batasuna y ETA. Para ello ha relatado los diversos contactos en los que tomó parte con partidos y agentes sociales, desde que accedió a la Mesa Nacional de HB en 1998. Como ejemplo, los desarrollados por la coalición abertzale con PNV y EA, que desembocarían en la firma del acuerdo de Lizarra-Garazi.

«Ellos también realizaron sus reuniones con ETA, llegando incluso a algunos acuerdos, como se hizo público a posteriori», ha remarcado. Permach también ha hecho mención a que, en aquella época, recibía mensajes del entonces ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, a través de intermediarios y que incluso llegó a reunirse con el actual secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, en una localidad de Nafarroa.

Pese a ello, las acusaciones mantienen su petición de entre ocho y doce años de cárcel para 34 independentistas a quienes vincula con la organización armada. El macrojuicio ha cerrado hoy su quinta sesión con la declaración de Permach y de Pedro Félix Morales y Andrés Larrea, dos vecinos de Ugao a quienes la acusación imputa por su amistad con Félix Manzanos, deportado político en Cabo Verde.

La declaración de Permach ha constituido un recorrido histórico acerca de la evolución de la izquierda abertzale desde el encarcelamiento de la Mesa Nacional de HB en 1997 y la posterior configuración de otra Mesa Nacional, que coexistió con los excarcelados una vez que el Tribunal Constitucional español decretó su libertad en 1999. Luego llegaría la creación de Batasuna y su posterior ilegalización. «Se dejó sin efecto un instrumento para ejercitar los derechos civiles y políticos, pero a nosotros no se nos negaron estos derechos», ha remarcado.

Durante su declaración, en la ha respondido únicamente a preguntas de su abogado, Iñigo Iruin, Permach también ha puesto de manifiesto los diferentes impulsos políticos que, desde el Estado, trataron de condicionar la actividad de la izquierda abertzale en la primera década del siglo XXI. En concreto, la propia Fiscalía de la AN o diversos autos de Baltasar Garzón avalaron esta actividad en un contexto de proceso de diálogo entre el Ejecutivo español, entonces presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, y ETA.

A partir del miércoles, los responsables de las herrikos

A partir de este miércoles comenzarán a desfilar frente al tribunal, ubicado en San Fernando de Henares, los responsables civiles de las 110 herrikos incluidas en la instrucción, que inició el juez Baltasar Garzón hace once años. Las acusaciones (fiscalía y acusaciones populares, ejercidas por la AVT y Dignidad y Justicia) piden penas de entre 8 y 12 años por delitos de «colaboración» e «integración» en organización armada, mientras que las defensas defienden la libre absolución.

El macroproceso 35/02 comenzó el pasado 17 de octubre y, por el momento, lo que ha quedado en evidencia es la motivación política del mismo. De hecho, pese a que fue presentado como un juicio que trataba de vinclular las herrikos con la financiación de ETA, todos los que han declarado hasta el momento han ejercido responsabilidades en la Mesa Nacional o como cargos institucionales de HB, EH o Batasuna.

El juicio se ha reanudado después de la multitudinaria manifestación de apoyo a los encausados y contra los procesos políticos (al mismo tiempo que este, la Audiencia Nacional también celebra la causa contra 40 jóvenes independentistas). Por el momento las sesiones están previstas hasta diciembre, aunque se alargarán varios meses más.