El comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, consideraba este martes que la ley de Seguridad Ciudadana promovida por el Ejecutivo de Mariano Rajoy es «altamente problemática» y expresaba su preocupación por las proporcionalidad de las multas –algunas alcanzan los 30.000 euros–. «Creo que es altamente problemática y, si va más allá, lo trataré con las autoridades españolas».

El ministro de Interior español, Jorge Fernández Díaz, ha respondido a estas críticas pidiendo al comisario que «respete al Gobierno, al Congreso de los Diputados y a España» y le ha acusado de realizar esas declaraciones «sin haberse leído la ley».

El titular de Interior ha defendido la iniciativa afirmando que es «necesaria» y ha afirmado que «no se ponen en riesgo» los derechos de manifestación, reunión o expresión, sino que, según ha dicho, «están mejor garantizados».