El paraninfo de la UPV-EHU, en Bilbo, acogió ayer una interesante jornada para analizar las consecuencias del referéndum escocés y su dimensión europea. Joxe Ramon Bengoetxea, director de EHUgune, destacó que Graham Avery y John Edward, expertos en asuntos británicos y europeos, iban a exponer su visión sobre las consecuencias de ese proceso hacia la independencia, «sin implicaciones políticas», más bien académicas y a título personal.

Avery negoció la incorporación de Gran Bretaña a la UE y vivió en primera persona desde la Comisión Europea en 1992 «la ampliación sin ajuste de los tratados» consecuencia de la reunificación alemana, con la incorporación de 25 millones de ciudadanos de la RDA. Incidió en la importancia de que, como sucede en Escocia, el proceso independentista sea pactado entre las partes implicadas, ya que los tratados no contienen ninguna referencia al mantenimiento de la «definición geográfica» de los estados miembros, pero sí hay una mención explícita al respeto a las constituciones estatales.

Quien se jubiló hace ocho años como director general de la CE dio por hecho que «una Escocia independiente sería miembro de la UE» si así se decide en el referéndum del 18 de setiembre, aunque el desacuerdo se plantea en cómo lo hará y con qué calendario. Para Avery, en caso de que el sí se imponga, líderes políticos, jefes de Estado y Consejo de Ministros de Bruselas debieran reunirse y fijar los hitos del proceso de adhesión como estado independiente, partiendo del hecho de que los escoceses ya forman parte de la Unión.

«El modo más inteligente -comentó el profesor de la Universidad de Oxford- sería garantizar que el día en que se proclamara la independencia, 18 meses después de la consulta, Escocia se incorporaría a una serie de organizaciones internacionales como Naciones Unidas, el Consejo de Europa, a la UE». También advirtió de que otros planetamientos apuntan a la necesidad de que salga de la UE y se vea obligada a solicitar la incorporación «como país tercero, poniéndose a la cola de Turquía y otros, lo que supondría muchísimos años de espera». Para el experto galés, esta segunda opción «no es realista en términos políticos o prácticos».

Ante esa disyuntiva, proceso sencillo o trabado, el escocés John Edward estimó que la realidad será «intermedia». «Nunca ha habido una situación parecida», destacó este experto que lleva años trabajando con el Gobierno escoces para prepararse ante el escenario que se avecina y antes lo hizo para el Parlamento Europeo en Escocia. Recordó que los ciudadanos escoceses lo son de la UE, con unos derechos emanados de los tratados que rubricó Gran Bretaña. «Si se me quitaran esos derechos debido a una decisión que yo he tomado sobre la política de mi propio país, sería lamentable», añadió.

El acuerdo Londres-Edimburgo

El referéndum es, en términos de las autoridades comunitarias, «un asunto doméstico», en el que ningún Estado se puede inmiscluir. El director del Scottish Council of Independent Schools manifestó a preguntas de los periodistas que, por ello, «la parte más importante del acuerdo no es lo que diga Bruselas o Estrasburgo, sino lo que se firme entre Londres y Edimburgo, cuyos gobiernos están de acuerdo en actuar de forma constructiva». Ambos ejecutivos, señaló, han reconocido «el derecho y el principio, lo que sería muy importante para otros estados miembros y para otras instituciones europeas».

El proceso que se abriría y las interrogantes que se plantean en caso de que el sí sea mayoritario están claras, también en caso contrario. Edward dejó claro que no se seguirá la «vía Quebec», con repetidos procesos de consulta, aunque no sería descartable en un periodo histórico más amplio; mencionó una generación.

Lo que es seguro es que habrá un compromiso por parte del Parlamento británico y el Ejecutivo de Londrés por dotar de «más competencias» a Edimburgo. Al margen del traspaso de materias como educación o agriculturaa, parece que se quieren ampliar las competencias fiscales, ahora menores de las que tiene la CAV, incrementando de esta manera el «cheque» que se otorga por la Cámara británica a Escocia, un país con grandes recursos energéticos en el Mar del Norte. Mencionó que los cinco grandes partidos con implantación trabajan en ese ámbito y el debate sigue vivo en los previos del referéndum del próximo 18 de setiembre.