En un escrito firmado por el fiscal jefe provincial, Juan Carlos López Caballero, se acuerda la incoación de diligencias de investigación conytra el cardenal tras la demanda interpuesta el pasado 23 de enero por la Confederación Española de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales (Colegas).

Sebastián afirmó en una entrevista concedida al ‘Diario Sur’ que «señalar a un homosexual una deficiencia no es una ofensa, es una ayuda porque muchos casos de homosexualidad se pueden recuperar y normalizar con un tratamiento adecuado».

El colectivo Colegas ha mostrado su satisfacción por la apertura de estas diligencias, ya que «se trata de la primera vez que este tipo de declaraciones de miembros de la jerarquía católica no son archivadas y desestimadas rutinariamente».

A su juicio, las declaraciones de Sebastián atentan contra la legislación española, concretamente contra los artículos 14 y 18 de la Constitución, y constituyen «una clara incitación al odio y a la discriminación». El artículo 14 de la Carta Magna indica que «los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social«, mientras que el 18, en su primer punto, defiende que «se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen».

«La libertad de expresión no puede ser por más tiempo usada para atacar y menospreciar a una parte importante de la sociedad que lleva mucho tiempo luchando contra la discriminación, los ataques y las injurias», ha señalado Antonio Ferre, presidente regional de Colegas.

Al iniciarse la polémica, el Obispado de Málaga alegó que al referirse a la homosexualidad el cardenal Sebastián «no habló de enfermedad», por lo que «quienes le han acusado de ello han manipulado sus palabras». En ese saco metió al Ayuntamiento malagueño y consideró «deplorable» la moción contra las declaraciones de Sebastián aprobada por unanimidad con los votos de PP, PSOE e IU. También el Parlamento de Nafarroa, con los votos contrarios de UPN y PP, reprobó las palabras del que fuera arzobispo de Iruñea y Tutera.