El diputado general de Gipuzkoa, Martin Garitano, y la diputada foral de Hacienda, Helena Franco, han comparecido ante los medios para valorar la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo (TUE)sobre las vacaciones fiscales.

Como ya avanzó en su primera valoración, la institución foral ha insistido en que «hay que hablar de responsabilidades ante una decisión elegida intencionadamente», ya que las tres diputaciones «apenas se esforzaron» en recuperar las ayudas, una vez que en 2006 el TUE dictó sentencia con tal requerimiento y advirtió de una posible multa en caso de retraso. Por ello, han subrayado que «el PNV debe aclarar por qué decidió pasar por alto los requerimientos de las instituciones europeas».

«PNV, PP y Confebask deberían reconocer su responsabilidad ante la ciudadanía» y escuchar «la autocrítica por parte de quienes les han llevado al pago de esos 30 millones», ha indicado Garitano. Ha afirmado que el Gobierno foral de Bildu no tolera «acusaciones de retraso» en la recuperación de los importes de las vacaciones fiscales, porque ha «heredado esa irresponsabilidad» de los anteriores ejecutivos forales jeltzales.

Ha destacado que su Gobierno ha actuado «con seriedad y eficiencia para minimizar el efecto de esa recuperación en plena crisis» y se ha logrado «sin cerrar ninguna empresa».

Con un acuerdo previo

En cuanto a la celebración de una reunión extraordinaria del Consejo Vasco de Finanzas (CVF) para abordar cómo se reparte la multa, considera que  no es preciso, porque no quieren que se convierta «en un circo mediático». La Diputación cree que el reparto de la multa debería abordarse en una reunión ordinaria del Consejo y «con un acuerdo previo interinstitucional».

Preguntado por el hecho de que la siguiente reunión del Consejo no esté prevista hasta después del verano, ha señalado que, a su juicio, no son necesarias «prisas repentinas», cuando han pasado «muchos años» en llegar a esta situación.

Por su parte, Franco ha añadido que lo que se debería «acelerar» es la celebración de la comisión entre los gobiernos español y de Lakua para lograr un acuerdo sobre el reparto de la multa y lograr un consenso entre las cuatro instituciones vascas.

Preguntados sobre cuánto debería abonar cada territorio, Garitano ha rechazado «entrar en provincialismos» y ha incidido en que «el foco se debe establecer en la responsabilidad política de quienes decidieron establecer unas vacaciones fiscales manifiestamente ilegales y desatender las peticiones de Europa».