Una petición, pendiente de ser ratificada por el consejo de administración de la compañía energética, que deberá ser estudiada por el Consejo de Seguridad Nuclear.

En una rueda de prensa ofrecida en Gasteiz, el portavoz de Araba Sin Garoña, Alberto Frías, ha mostrado su desconfianza hacia el CSN, que, según ha explicado, está compuesto por personas vinculadas al mundo de la política. «En esas votaciones se mimetiza la mayoría absoluta y se toman decisiones políticas. Buscamos la supervisión europea porque el CSN no es independiente», ha destacado.

Frías ha explicado las vías existentes para llevar el caso de Garoña a las instituciones europeas. «Habría tres caminos, el primero la vía legal, abierta por el Tribunal Supremo tras admitir un recurso de las Juntas Generales; el segundo sería a través de las formaciones políticas; y la última vía sería a través de la comisión de medio ambiente, a donde se pueden enviar informes», ha relatado.

A este respecto, ha señalado que la citada comisión puede pedir al Consejo europeo la puesta en marcha de una comisión de investigación sobre la planta burgalesa, parada desde diciembre de 2012. Cabe señalar que, para poder volver a operar, Nuclenor deberá solucionar los problemas advertidos en la revisión de 2009 y en las pruebas de estrés realizadas tras la catástrofe de Fukushima. Unas mejoras que podrían superar los 150 millones de euros.

Lo que no tendrá que pagar es el impuesto sobre la gestión del residuos radioactivos, cuya retroactividad ha sido derogada por el PP. En opinión de Frías, esta decisión supone un fraude de ley sobre el que asoman indicios de prevaricación. Ahora es posible que el Gobierno de Mariano Rajoy realice un nuevo un cambio normativo para eliminar una norma que indica que la central debe ser sometida a una revisión de tres años antes de volver a funcionar.