El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) remitió ayer al Parlamento de Gasteiz el informe de fiscalización sobre las ayudas concedidas al proyecto automovilístico Epsilon, en el que los consejeros de PNV y PSE han censurado algunas partes con el fin de «tapar la mala gestión» del Gobierno de Gasteiz, según desvelaron el pasado 15 de mayo EH Bildu y PP y confirmó su propio presidente, José Ignacio Martínez Churiaque.

El tribunal avala los 5,8 millones de euros de ayudas públicas, aunque constata que en algunos casos hubo contratos suscritos al margen de los principios de publicidad y concurrencia, y considera «insuficiente» el control de algunas ayudas.

Además, el informe cuenta con el voto particular de Martínez Churiaque, quien estima que, además de los 5,8 millones, deberían ser auditados otros 23,8 millones de ayudas concedidas por las instituciones.

El presidente del TVCP, que ya adelantó su intención de emitir un voto particular, critica que no se hayan incluido 4,59 millones de contratos y convenios suscritos con las diputaciones de Araba y Gipuzkoa. En concreto, recuerda que la adjudicación del contrato de patrocinio de la Diputación de Gipuzkoa en 2003 por 697.173 euros se realizó al margen de los principios de publicidad y concurrencia, y que en los convenios con la Diputación alavesa no se ha justificado su necesidad e idoneidad.

El presidente del TVCP critica también la gestión de los contratos de arrendamiento con la SPRI, al considerar que la actuación de la entidad pública «no se ha sujetado al principio de objetividad». En referencia a los anticipos reintegrables del Gobierno de Gasteiz incluidos en el programa Gauzatu por valor de 763.000 euros, sostiene que el contrato firmado con Sprilur para la concesión del anticipo «no reunía las condiciones».

También rechaza que no se hayan contabilizado como pérdidas los 2,7 millones por una parcela que la empresa de automoción no pagó al Parque Tecnológico de Araba y cuyo cobro depende ahora del juez.

Por otro lado, Martínez Churiaque recuerda que este parque tecnológico ejerció de avalista cuando la firma solicitó un préstamo total de 16,5 millones y que al asumir esta deuda ha sufrido una situación patrimonial «desfavorable» que no tiene en cuenta el informe.

Añade que ese aval fue «contrario al objeto social» del parque, que la autorización del Gobierno de Gasteiz fue «atípica» y que además se adquirieron «unos préstamos hipotecarios de un mal pagador que no se pueden ejecutar porque está en concurso de acreedores».