Las autoridades de Kiev afirman estar ganando terreno en su ofensiva contra los rebeldes prorrusos en el este de Ucrania, donde los combates se han endurecido tras las elecciones presidenciales.
Al día siguiente de perder un helicóptero abatido en un ataque en el que murieron once soldados y un general, el ministro de Defensa, Mijail Koval, defendió la ofensiva asegurando que «nuestras fuerzas han limpiado completamente de separatistas el sur y una parte del oeste de la región de Donetsk y el norte de la región de Lugansk». Añadió que «no dejaremos propagarse esta gangrena a las regiones vecinas. Vamos a continuar la operación antiterrorista mientras la vida normal no se recupere en la región y la no regrese la tranquilidad par la gente».
Más de 200 personas -soldados y milicianos de Kiev, prorrusos y civiles- han muerto en esta operación que las autoridades ucranianas comenzaron el 13 de abril y han intensificado en la última semana.
La artillería ucraniana reanudó ayer el bombardeo sobre la ciudad de Slaviansk, según la agencia oficial rusa RIA-Nóvosti. Según residentes en este bastión prorruso, el lanzamiento de obuses fue de mayor intensidad que en días anteriores, hecho que podría estar vinculado con el derribo del helicóptero.
Mientras, según Kiev, la frontera con Rusia se ha convertido en una «línea del frente» y son habituales los enfrentamientos entre guardafronteras y grupos armados que intentan entrar clandestinamente.
Aunque sigue bajo control de Kiev, se puede atravesar de noche a pie y las zonas controladas por los prorrusos se encuentran a pocos kilómetros. Kiev reprocha a Rusia permitir esos movimientos. A su vez, Moscú abrió ayer un caso penal contra Ucrania a la que acusa de usar métodos de guerra prohibidos que violan la Convención de Ginebra sobre la protección de la población civil. «Intencionadamente, con el fin de matar a civiles pacíficos, utilizaron armamento, artillería, aviación, algunos de ellos con simbología de la ONU, (y) blindados y otros equipos», afirmó Vladimir Markin, portavoz del Comité de Instrucción de Rusia -órgano judicial dependiente de la Presidencia rusa-. Como resultado, agregó, «entre la población civil hay muertos y heridos. Además, ha quedado destruida total o parcialmente la infraestructura industrial, energética, de comunicaciones y transporte, edificios de viviendas, sociales y culturales, incluidos hospitales, guarderías y escuelas», y ha obligado a ciudadanos ucranianos y rusos a abandonar sus lugares de residencia en las regiones de Donetsk y Lugansk.
Además, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, volvió a pedir a su homólogo estadounidense, John Kerry, que su Gobierno medie para que Kiev cese de forma inmediata la «operación de castigo».
El Gobierno ucraniano paga parte de la factura del gas pero no acepta el precio que pide Moscú
A pocos días de que Moscú ejecute el corte del suministro del gas, el Gobierno ucraniano ha pagado a Rusia 786 millones de dólares (576 millones de euros) como parte de la factura adeudada a Rusia. No obstante este adelanto se formaliza sin que exista aún un acuerdo sobre la deuda total y ambos países se han comprometido a continuar el lunes las negociaciones. El primer ministro ucraniano, Arseny Yatseniuk, anunció que Kiev ha abonado parte de la deuda calculando la cantidad que debe a un precio de 268 dólares (197 euros) por cada mil metros cúbicos, el precio que Rusia acordó con Ucrania cuando gobernaba Viktor Yanukovich. Sin embargo, con las nuevas autoridades lo duplicó y Gazprom calcula que la deuda por el impago llegará a 5.200 millones de dólares (3.824 millones de euros) el próximo 7 de junio. El primer ministro ruso, Dmitri Medvedev, confirmó que Kiev informó a Moscú del pago, pero añadió que Gazprom no ha recibido aún el dinero. Rusia había advertido de que comenzaría a aplicar desde el sábado restricciones en el suministro de gas hacia Ucrania si el país vecino no paga por adelantado la factura correspondiente al consumo de junio. Pero Yatseniuk, insistió en que Kiev «no aceptará jamás» el aumento del precio y llevará el caso a un tribunal de arbitraje internacional si no se llega a un acuerdo el lunes. GARA
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