«El alejamiento no tiene, ni ha tenido nunca, un sentido. Para devolver a una persona a la sociedad no se le puede alejar de su familia, porque eso genera un desarraigo». Así lo cree Pepe Mouliaa, un exfuncionario de prisiones que ayer analizó la política penitenciaria vigente junto al expreso vasco José Ramón Martínez de Lafuente, a la profesora de Derecho Penal Miren Ortubay y al exalcalde de Gasteiz José Ángel Cuerda. Los cuatro protagonizaron un coloquio organizado por Konponbidea en el centro cívico Aldabe, donde se dieron cita decenas de personas.

En su intervención, Mouliaa denunció que la dispersión penitenciaria responde a una decisión «política» adoptada por Madrid. Una polémica decisión que «castiga» a las familias de los represaliados y se asemeja a una medida de «venganza». «Estas personas han decidido dejar su actividad armada, y tenemos que intentar que cumplan su pena en las mismas condiciones que la cumplen los demás presos», añadió tras hacer hincapié en la necesidad de desactivar unas medidas de excepción que, tal como él señaló, «complican la resolución del conflicto».

Martínez de Lafuente, que estaba sentado junto al exfuncionario, explicó que la dispersión tiene por objeto «deshumanizar» a los presos y aislarlos de sus compañeros. «Es un castigo», destacó este gasteiztarra, que analizó la evolución de la política carcelaria impuesta por Madrid y París. El represaliado, que ha pasado casi tres décadas en prisiones españolas y francesas, también describió las duras condiciones de vida en los centros penitenciarios y citó los cambios en el ordenamiento penal. En este sentido, remarcó la entrada en vigor de la doctrina 197/2006 del Tribunal Supremo, cuya aplicación retroactiva fue declarada ilegal en 2013 por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. «A mi me impusieron seis años más de prisión por la cara», señaló.

Asimismo, se refirió a la situación de los presos gravemente enfermos. A su juicio, los ejecutivos español y francés dificultan la concesión del tercer grado a las personas con enfermedades graves e incurables, algo que no ocurría hace años. «Antes se aplicaba con normalidad y hoy en día hay un parón total», relató en alusión a la aplicación del artículo 104.4 del Reglamento Penitenciario, que establece que los «penados enfermos podrán ser clasificados en tercer grado por razones humanitarias y de dignidad personal».

«Inhumana y degradante»

Cuerda también habló sobre la salud de las personas presas. El exalcalde, que consideró que no tiene sentido mantener a hombres y mujeres gravemente enfermos en la cárcel, denunció que la decisión de no aplicar el Reglamento Penitenciario convierte la privación de libertad en una pena «degradante, inhumana y contraria a las convenciones internacionales». «Las personas gravemente enfermas debe ser puestas en libertad, aunque se trate de una libertad controlada», apostilló.

Además, el exregidor, al igual que Mouliaa y Martínez de Lafuente, exigió el fin de la dispersión. «La relación con el entorno familiar y social es fundamental para lograr la reinserción. E impedir esta relación es una medida inhumana y degradante. Es un auténtico drama, y es terrible tanto para el preso como para su familia», manifestó José Ángel Cuerda, que propuso importar del Estado francés la figura del Controlador General de los lugares de privación de libertad. Una especie observador que analiza la situación de los cárceles y remite recomendaciones al Ejecutivo de François Hollande.

Por su parte, Otubay dio cuenta de las reformas penales diseñadas por Madrid durante las últimas cuatro décadas. En este sentido, lamentó que «cada vez hay más conductas prohibidas y penas más duras». «El poder genera miedo para poder vender más mano dura contra las personas que se consideran peligrosas. A cambio de una supuesta seguridad, la sociedad renuncia a una serie de libertades y garantías», lamentó. Antes de finalizar, mostró su rechazo a la Ley de Seguridad Ciudadana de Gallardón. «Legislan a golpe de titular», sentenció.