El Comité Ejecutivo de ELA considera que la sentencia del ‘caso Bateragune’ supone «un nuevo golpe a la división de poderes» y que el Tribunal Constitucional es «simple y llanamente una extensión del PP que, en todos los órdenes, hace aquello que el Gobierno espera del mismo».

En su opinión, «el PP se ha dedicado a colocar dentro de su cuota partidaria a lo más rancio y reaccionario de la judicatura española».

El sindicato cree «inaceptable en una democracia» que «quien actuó de fiscal acusador en la Audiencia Nacional en este mismo proceso forme parte hoy del Tribunal Constitucional» que debe dictaminar sobre la constitucionalidad del caso.

ELA manifiesta, por último, que «si este tipo de sentencias siempre han sido injustas, hoy resultan repugnantes, y vuelven a poner en evidencia que el PP es un obstáculo para el proceso de normalización política en nuestro país».