Los problemas no cesan para los presos vascos de Sevilla II, que hace un año permanecieron durante un mes en huelga de hambre para exigir que se respeten sus derechos básicos y se ponga fin al aislamiento al que son sometidos en prisión. Estas peticiones no fueron atendidas por la dirección de la cárcel andaluza, que hace caso omiso a las denuncias de los represaliados. Once ciudadanos vascos -Iker Agirre, Jabi Agirre, Gurutz Agirresarobe, Iñaki Arakama, Rufino Arriaga, Asier Arzalluz, Juan Mari Etxebarri, Garikoitz Etxeberria, Txus Goikoetxea, Roberto Lebrero e Iñigo Vallejo- que padecen en primera persona las consecuencias de una política penitenciaria «vengativa».

En una misiva a la que ha tenido acceso GARA, uno de los presos denuncia los tocamientos a los que son sometidos por parte de uno de los carceleros. El funcionario, que mantiene una actitud agresiva y acude a su puesto de trabajo en estado de embriaguez, aprovecha los cacheos para tocar los genitales de los represaliados, que el pasado 3 de julio remitieron una carta solicitando su expulsión a la dirección de la prisión. Una demanda que no ha sido atendida, ya que los tocamientos se han repetido a lo largo del verano. El último suceso tuvo lugar el 23 de agosto, cuando Jabi Agirre advirtió de que los cacheos no deben realizarse de forma brusca. Lejos de cambiar su forma de proceder, el carcelero le amenazó con atarle.

Los presos, que tienen restringido el acceso a los productos del economato y carecen de aire acondicionado en las celdas, también alertan de limitaciones en a la hora de contactar por teléfono con sus familiares tras realizar el ingreso en prisión o a la vuelta de diligencias. Pese a que los represaliados tienen derecho a realizar una llamada, los responsables de la prisión sevillana niegan esta posibilidad, tal como le ocurrió a Iñaki Arakama el pasado 1 de agosto. Asimismo, los responsables del penal entorpecen la comunicación entre los ciudadanos vascos, que salen por turnos al patio.

Las restricciones también afectan a los allegados de los presos que por culpa de la política de dispersión penitenciaria deben realizar cientos de kilómetros para poder abrazar a sus seres queridos. El 6 de setiembre, por ejemplo, los familiares de Iker Agirre y Txus Goikoetxea tuvieron que esperar más de media hora para poder ver a los prisioneros, a los que no se permitió el acceso al locutorio hasta las 9.30. Este retraso provocó que una persona perdiera el vuelo de regreso a Euskal Herria.

Un conflicto demasiado largo

Los hechos acontecidos durante los últimos meses son los últimos capítulos de un conflicto que comenzó en marzo de 2013, cuando los presos renunciaron a salir al patio para denunciar los duros cacheos a los que son sometidos. Ese mismo mes los represaliados realizaron un «chapeo» en solidaridad con Xabier Aranburu, preso en la cárcel de de Muret Seysses. La protesta fue aprovechada por un funcionario de prisiones para realizar un «cacheo de palpación» a Arkaitz Bellon. El joven, que falleció hace ocho meses en Puerto I, fue agredido tras censurar la actuación del funcionario. «Le llevaron al cuarto de cacheos, donde le propinaron puñetazos y rodillazos en las cabeza y en los riñones; y le obligaron a desnudarse», explicó Etxerat en un dossier publicado en 2013.

A los problemas asociados a los cacheos, que se sucedieron en abril, julio y agosto, se sumaron otras vulneraciones asociadas a la comunicación con los familiares y a las condiciones de vida en las celdas, donde llegaban a pasar más de 20 horas seguidas. Tras comprobar que dirección de Sevilla II no tenía intención de acabar con esta situación, los presos decidieron poner en marcha una huelga de hambre. El ayuno comenzó el 28 de octubre de 2013, siete días después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos pusiera punto y final a la doctrina 197/2006 del Tribunal Supremo español.

La huelga generó una ola solidaria en Euskal Herria, donde se sucedieron las movilizaciones y se diseñaron iniciativas políticas en apoyo a los represaliados. Entre las mismas figura una moción en la que se solicitaba el «cese inmediato» de la extrema situación que viven en el penal de Sevilla II los presos vascos, y se defendía el fin del aislamiento, la reagrupación de los prisioneros, el respeto de los derechos básicos y fin del «constante hostigamiento».

El 29 de noviembre los presos decidieron poner fin a la huelga de hambre «por motivos de salud». En un comuncado, el Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK) señaló que, al menos, la protesta sirvió para que «en otras cárceles se hayan llevado a cabo otras iniciativas. Y también se ha logrado que en la calle y en las instituciones su situación haya tenido eco».