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BARCELONA

20 años de desobediencia contra la especulación, a juicio

Seis activistas contra el ‘Pla Caufec’, que pretendía urbanizar buena parte de la sierra de Collserola se enfrentan desde hoy a un juicio en Barcelona. La Fiscalía pide dos años de prisión, mientras que los Mossos d'Esquadra reclaman entre dos y cuatro años. Algo que, unido a otro juicio pendiente de iguales características, podría suponer la entrada en prisión de seis de ellos.

Ni Muts ni a la Gabia from Ni Muts Ni a la Gàbia on Vimeo.

La larga lucha de 20 años contra el ‘Pla Caufec’, rebautizado después como ‘Porta de Barcelona’, es toda una referencia de la desobediencia civil en el área metropolitana de Barcelona. Se trata de una macrooperación urbanística proyectada en el municipio de Esplugues de Llobregat, sobre las faldas de la sierra de Collserola -la misma en la que se ubica el Tibidabo-, la cual permanece a día de hoy congelada, debido a la oposición frontal de los vecinos y a la crisis. Esta dilatada lucha contra el plan urbanístico se traslada desde hoy a los juzgados, donde seis vecinos se sientan en el banquillo de los acusados.

Concretamente, están acusados de desordenes públicos y atentado a la autoridad durante una manifestación que acabó en los terrenos afectados por el Pla Caufec, donde las máquinas ya empezaban a trabajar. El grupo de apoyo a los encausados ‘Ni Muts ni a la Gàbia’ -Ni mudos ni en la jaula- recuerda que la manifestación fue festiva y que «no hubo ninguna detención ni identificación».

Pese a ello, el responsable del operativo de los Mossos d'Esquadra de aquel día, Jordi Arasa -condenado por golpear al diputado de la CUP David Fernández en el desalojo de plaza Catalunya durante el 15M-, «creyó oportuno atribuir una larga lista de hechos delictivos a seis personas conocidas en la vida asociativa y popular» de Esplugues.

Ahora, la Fiscalía pide entre dos años y dos años y tres meses de cárcel para los seis activistas encausados, mientras que los Mossos d'Esquadra endurecen la petición de penas entre dos años y cuatro años y tres meses. Algo que, unido a otro juicio pendiente por la entrada en un pleno del Ayuntamiento, podría suponer la entrada en prisión de los activistas en caso de sentencia condenatoria, ya que los dos procesos son penales y, pese a no tener antecedentes ninguno de los acusados, «podrían ir a la cárcel porque el primer juicio crea antecedentes de cara al segundo», según el grupo de apoyo.

Un grupo de apoyo que denuncia la «criminalización de la protesta» y el hecho de que el juicio llegue años después, «cuando casualmente, Sacresa -la empresa constructora- y el Ayuntamiento de Esplugues quieren volver a poner en marcha el proyecto». ‘Ni Muts ni a la Gàbia’ recuerda además que todas las movilizaciones de la Plataforma Popular contra el pla Caufec se han enmarcado «dentro de una práctica de desobediencia civil no-violenta».