En el escrito de calificación de 576 páginas que ha entregado este martes al juez José Castro, el fiscal Horrach solicita que se juzgue por el denominado ‘caso Nóos’ a catorce personas, empezando por los dos principales socios del Instituto Nóos, Urdangarin y Diego Torres; la esposa del segundo, Ana María Tejeiro, responsable de personal de la entidad, y un hermano de ésta, Marco Antonio Tejeiro, que fue contable.

Horrach atribuye a Iñaki Urdangarin un delito continuado de malversación en concurso con otro de prevaricación, falsedad en documento oficial y falsedad en documento mercantil (seis años de prisión); estafa (tres años y medio); fraude a la administración (dos años); dos delitos fiscales (seis años), y un último de blanqueo de capitales (dos años). Los mismos que a Diego Torres, si bien sobre éste pesa un solo delito fiscal (tres años).

El representante del Ministerio Público desgrana los mecanismos con los que Urdangarin y Torres pusieron en marcha una estructura «hueca de contenido real» y urdieron «una maraña de facturación ficticia» para apoderarse del dinero público. Y para ello utilizaron el Instituto Nóos, al que manejaron «a su antojo» junto a otras mercantiles de su propiedad para que «operasen al servicio de sus intereses comerciales».

En su escrito, Anticorrupción reclama asimismo que Cristina de Borbón haga frente, junto a su marido, a una fianza de responsabilidad civil de 587.413 euros. También la mujer de Torres, Ana María Tejeiro, deberá responder, en su caso con el pago de 1.144.240 euros, de las cantidades supuestamente defraudadas por su cónyuge.

En el caso de la hermana del actual rey español, Anticorrupción considera que no existen sobre ella indicios de haber cometido delito alguno, si bien sostiene que ésta habría obtenido un beneficio o aprovechamiento ilícito de los fondos supuestamente defraudados por Urdangarin en el seno del anterior entramado societario, y más en concreto a través de una de las mercantiles ‘pantalla’ que integraban el conglomerado empresarial: Aizoon.

La Fiscalía señala que a través de Aizoon, de la que el matrimonio es copropietario al 50% y que de forma presuntamente irregular se nutrió de más de un millón de euros de la trama Nóos, Urdangarin defraudó hasta un total de 337.138 euros en las cuotas del IRPF de 2007 y 2008.

Para reclamar la fianza, Horrach se ampara en el artículo 122 del Código Penal, que establece que «el que por título lucrativo hubiere participado de los efectos de un delito o falta, está obligado a la restitución de la cosa o al resarcimiento del daño hasta la cuantía de su participación», aunque no haya sido considerado responsable criminal de los hechos investigados.

Fianzas y multas

No son las únicas cantidades de dinero que reclama el fiscal Pedro Horrach, puesto que tanto Urdangarin como Torres y el resto de inculpados –excluidas Cristina de Borbón y Tejeiro– deberán hacer frente a una solicitud de 6,2 millones de euros en responsabilidades civiles a raíz de los fondos presuntamente defraudados en Illes Balears (2,6 millones de euros), País Valencià (3,5 millones) y Madrid (114.000 euros).

Las multas que el representante de la acusación pública reclama para todos los acusados ascienden, por su parte, a 8.759.974 euros, de los que 3,5 millones corresponden a Urdangarin.

Peticiones de condena

Entre las más elevadas peticiones de condena se encuentra también la del expresidente del Govern Jaume Matas, quien se enfrenta a una solicitud de 11 años de cárcel por un delito de malversación en concurso con prevaricación y falsedad (ocho años de prisión) y otro de fraude (tres años). Sobre la mujer de Torres pesa, por su parte, un delito de blanqueo por el que la acusación pública pide para ella dos años de prisión.

Mientras tanto, la Fiscalía reclama dos años de cárcel para la mujer de Torres por un delito de blanqueo de capitales; otros dos años para el hermano de ésta y excontable del Instituto Nóos, Marco Antonio Tejeiro; dos más para el exdirector general de Deportes del Govern balear, José Luis ‘Pepote’ Ballester; ocho para el exgerente de la fundación pública Illesport Gonzalo Bernal; un año y nueve meses para el exgerente del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) Juan Carlos Alía, y otros cuatro para el exasesor jurídico de esta empresa Miquel Àngel Bonet.

En cuanto a los exaltos cargos del País Valencià, el Ministerio Público solicita ocho años para el exsecretario de Eventos de la Generalitat Luis Lobón; otros ocho para el exdirector general de Ciudad de las Artes y las Ciencias Jorge Vela, ocho más para laexdirectora de Gestión de esta entidad Elisa Maldonado, y seis años para el también exdirector general José Manuel Aguilar. Finalmente, reclama seis años y medio para la exconsejera delegada de la Fundación Madrid 16 Mercedes Coghen.

Empresas

El fiscal subraya cómo para defraudar a las instituciones públicas tanto Urdangarin como Torres fijaban precios totalmente desproporcionados por los servicios que prestaban a la Administración y posteriormente simulaban trabajos ficticios a mercantiles del entramado. Fondos que acababan así en manos de empresas controladas por los dos imputados.

Se trata de Nóos Consultoría Estratégica, Aizoon, Virtual Strategies S.L., Shiriaimasu, Intuit Strategy Innovat y De Goes Center For Stakeholder Management, mercantiles de las que eran propietarios y administradores y que, junto al propio Instituto Nóos, han centrado el foco de atención de las investigaciones.

Pagos de la administración

El fiscal Horrach detalla de forma pormenorizada cómo estas entidades se hicieron con los 1,2 millones de euros que costó el convenio para la celebración del primer Illes Balears Forum (2005); los 1,085 millones del segundo (2006); los 54.520 euros pagados a Nóos por el Govern balear para el seguimiento de la repercusión del equipo ciclista Illes Balears - Banesto; los 174.000 que pagó la fundación pública Illesport por la creación de la oficina del proyecto de este equipo deportivo; y los 116.566 del Ibatur por la elaboración de material promocional del Illes Balears.

Asimismo, despliega las supuestas irregularidades que rodearon al pago de 1.044.000 millones de euros públicos por cada una de las tres ediciones llevadas a cabo del evento Valencia Summit, y al de 382.000 euros que percibió Nóos por la celebración de unos Juegos Europeos que nunca tuvieron lugar. Finalmente, detalla en su escrito cómo el Instituto presidido por Urdangarin cobró 114.000 euros de la Fundación Madrid 16 para preparar la candidatura olímpica de la capital en 2016, trabajos que finalmente no se llevaron a cabo.