La junta de gobierno del colegio iruindarra recuerda en un comunicado emitido este viernes que, «como es habitual en estos casos», un representante del Colegio estuvo presente en el registro que la Guardia Civil practicó esta semana en el despacho de una de las abogadas detenidas.

El órgano colegial indica, además, que «respeta y reconoce» la competencia de las FSE «en la investigación e instrucción de presuntos hechos delictivos».

Puntualiza el colegio, no obstante, que «conocida la puesta en libertad de las dos abogadas detenidas tan pronto como han prestado declaración ante el Juzgado Central de Instrucción, cabe preguntarse si resultaba necesaria la detención realizada y, consiguientemente, si no hubiera bastado con el registro, en su caso, del despacho profesional».

«Y cabe preguntarse, de igual manera, –continúa la nota– si se ha terminado respetando el principio de proporcionalidad que debe guiar cualquier actuación penal, toda vez que la interpretación y aplicación de las normas reguladoras de la detención debe efectuarse de manera restrictiva y a favor del derecho fundamental a la libertad».

La detención de las abogadas coincidió con el inicio previsto para ese día en Madrid de un macrojuicio contra 35 militantes de la izquierda abertzale, algunos de ellos defendidos letrados arrestados en esta operación.

El colegio se pregunta si, al tener que ser aplazado el juicio como consecuencia de las detenciones, «se ha respetado de manera adecuada el derecho de defensa y el derecho a un juicio sin dilaciones indebidas».

«Sería deseable –continúa el colegio de los abogados– que se articulasen, en su caso, las medidas necesarias para obtener una cumplida respuesta a estos interrogantes y para que las resoluciones restrictivas de la libertad individual resulten suficientemente motivadas».