El cadáver del dirigente del FPR en Morelos, de 32 años, fue hallado la tarde del miércoles por parte de policías locales en el poblado de Mototepec, en el municipio de Ayala.

El cuerpo, que presentaba señales de tortura, ha sido identificado por miembros del FPR, una organización social de izquierda, que ha responsabilizado de lo sucedido al Estado mexicano.

«Este crimen forma parte de la política de terror que implementa el Estado para tratar de amedrentar al movimiento popular en general y a nuestra organización en particular», ha señalado.

La Fiscalía de Morelos ha anunciado en conferencia de prensa la detención de cuatro personas presuntamente involucradas en la muerte del activista.

Han señalado, asimismo, que «el posible móvil del homicidio pudo tratarse de un conflicto entre particulares por posesión de terrenos».

El FPR había denunciado a través de un comunicado la desaparición de Salgado el 3 de febrero cuando se dirigía a la localidad de Ayala tras asistir a una reunión con campesinos que demandan vivienda, en el poblado de Emiliano Zapata.

La organización ha asegurado que caciques locales y funcionarios tenían a Salgado en «constante vigilancia y hostigamiento» debido a su labor en defensa de la tierra y la vivienda para trabajadores migrantes de la Montaña de Guerrero y Oaxaca.

Como ejemplo, ha recordado «su ilegal detención el día 20 de marzo de 2014 en Cuernavaca, Morelos, mientras participaba en una marcha convocada por el Frente Ciudadano contra la Ley de Ingresos».