Karrantza Haraneko y la Fiscalía de Bizkaia han interpuesto recurso de apelación contra el auto de la jueza de Balmaseda que no admitió a trámite el recurso de reforma presentado por la sociedad municipal contra el auto que desestimó, «por falta de competencia territorial», la querella contra 22 miembros de los consejos de administración de Ade Biotec y Karrantzako Minda por el fiasco de la planta de purines. La novedad es que el Ministerio Público se suma a quienes ven indicios de delito e insta a que se investigue.

Hasta el momento ni la juez de Balmaseda ni anteriormente otro de Bilbo han negado que los promotores pudieron haber cometido varios delitos, tan solo no han admitido a trámite la querella por defender que no se cometieron en sus jurisdicciones y que debe ser otro tribunal quien lo instruya. La Fiscalía defiende ahora en la apelación presentada ante la Audiencia de Bizkaia que se investigue, pues no es conforme a derecho que por unos hechos de la gravedad de los expuestos no se actúe atendiendo a la competencia o no del juzgado.

Defiende que sea en Balmaseda donde se instruya, al estar ubicada en Karrantza la frustrada planta, y que el juzgado debe actuar de oficio ante una denuncia en relación a «delitos públicos», practicando las diligencias oportunas para comprobar los mismos y averiguar quiénes fueron los responsables, «aun cuando no se considere competente».

En primer lugar, apuesta por la apertura de diligencias para conocer la documentación que existe sobre el proyecto en las distintas administraciones, procediendo a la apertura de piezas separadas si fuera necesario. También considera que no procede aún tomar declaración a los imputados, hasta determinar su grado de participación.

En su recurso apunta a que el modo en que el entonces director de Investigación Agropecuaria de Lakua, Martín Ascacibar Gregorio, dirigió el proceso de adjudicación del proyecto para que lo fuera Ade Biotec SL puede ser constitutivo de un delito de prevaricación. Añade el fiscal que la finalidad era que los miembros de los consejos de Karrantzako Minda y Ade Biotec, a través de dichas sociedades, «hicieran suyas cantidades procedentes de las administraciones públicas, declarando ante estas un coste superior al proyecto y de la obra a través de la alteración de los datos que figuraban en la documentación».

Así, subraya, esas personas obtuvieron 13,3 millones de euros, «de los cuales 10.020.000 euros no fueron destinados a la construcción de la planta». Apunta el fiscal José Manuel Ortiz Márquez en su escrito a que, a través de esta estrategia bien diseñada, se pudieron haber cometido delitos de fraude de subvenciones, malversación y falsedad documental.

El Ministerio Público se inclina por declarar culpable el concurso

En su apelación, la Fiscalía no solo fija su atención en la vía penal que pretende abrir la querella promovida por el Ayuntamiento de Karrantza, también se refiere al procedimiento concursal que se sigue en el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Bilbo por la quiebra de Karrantzako Minda. A la vista de la documentación aportada, entre ella el contundente informe de la Abogacía del Estado, el Ministerio Público asegura que los hechos son indiciariamente constitutivos de delitos societarios de falsedad contable y administración desleal, así como otro de insolvencia punible, en su modalidad de concurso culpable.

La Fiscalía sigue las tesis del Consistorio y de la Abogacía del Estado, que han acusado a los gestores del proyecto de ser culpables, al haber provocado y agravado «deliberadamente» la situación de insolvencia de la mercantil. Por contra, Lakua y la Diputación han mantenido una posición testimonial en el proceso.

La Hacienda vizcaina estima que, de la documentación que dispone, no se desprende que se pueda solicitar la calificación de concurso culpable. En respuesta a una interpelación de EH Bildu, el diputado José María Iruarrizaga fía su cambio de posición a un informe pericial solicitado por el juzgado a raíz de una demanda entre Karrantzako Minda y Ade Biotec, por el pago de algunas obras, ya que se debe determinar el coste de los trabajos que se ejecutaron en Las Torcachas. A.G