De las ocho demandas presentadas por las familias, el mandatario «hoy por hoy no se comprometió al cumplimiento de ninguno», ha denunciado el abogado de los allegados, Vidulfo Rosales.

«De manera unilateral esgrimió seis posibles compromisos» que «no son sustanciales» y que muchos de ellos «ya estaban acordados», ha agregado el letrado en una conferencia de prensa en el Zócalo de la capital mexicana, posterior a la reunión.

Al encuentro de casi tres horas celebrado en el Museo Tecnológico ha asistido un grupo de 110 familiares y alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, a la que pertenecen los 43 desaparecidos.

Peña Nieto ha escuchado a los familiares y les ha asegurado que comparte su dolor y comprende su indignación, mientras que ha reafirmado la voluntad del Gobierno para esclarecer lo ocurrido.

Según la versión de la Fiscalía hasta el momento, los estudiantes fueron detenidos por policías corruptos de Iguala y entregados a miembros del cártel Guerreros Unidos, quienes presuntamente los asesinaron e incineraron en un basurero del municipio de Cocula.

Dicha versión fue claramente cuestionada a principios de septiembre por un grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quienes concluyeron que es imposible que los jóvenes fueran quemados en el basurero y abrieron nuevas pistas para investigar.

Demandas y compromisos

Tras la reunión, el portavoz del Gobierno, Eduardo Sánchez, ha informado en una rueda de prensa de que los familiares de los jóvenes han presentado al mandatario un documento con ocho demandas que ha sido firmado por Peña Nieto «como acuse de recibo» y que analizará la «viabilidad» de cada una de ellas.

Entre ellas está el respeto a la escuela de Ayotzinapa y el cese a la estigmatización de los normalistas; que los expertos de la CIDH permanezcan un año vinculados a las investigaciones, que el Gobierno cumpla con sus recomendaciones y una atención digna e inmediata a heridos y familiares.

El presidente ha comunicado a las familias seis decisiones, como la ampliación del mandato de los expertos de la CIDH, un nuevo peritaje en el basurero o la creación de una fiscalía especializada para la búsqueda de personas desaparecidas, todas criticadas por los padres por antiguas o inoportunas.

Además, ha ordenado a su equipo «continuar los trabajos para saber qué pasó de manera individual con cada uno de los desaparecidos», y ha reiterado que la investigación «no se ha cerrado» y «llegará hasta donde tenga que llegar», ha dicho Sánchez.

Para Rosales, «el hecho de prorrogar el mandato (de los expertos de la CIDH) por seis meses no es un compromiso nuevo» y tampoco continuar con la investigación, «pues es algo a lo que está obligado».

Sobre la creación de la fiscalía, ha asegurado que rechazan «totalmente» esta decisión, ya que tiene que constituirse «al tenor y resultado de la ley general de desaparecidos que se está discutiendo» y «realizarse en consulta con todas las víctimas de desaparición en el país».

Y es que el caso Ayotzinapa, ha agregado, «amerita una investigación específica» con la creación de «una unidad especializada de investigación con dos instancias».

Una que se aboque a la búsqueda de los estudiantes desaparecidos y otra que se dedique a determinar las responsabilidades de los funcionarios que cometieron irregularidades durante la investigación, ha puntualizado.

«La piedra en el zapato»

Las familias, quienes desde ayer hacen una huelga de hambre de 43 horas, han asegurado en la rueda de prensa que lejos de parar su lucha, van a ser la «piedra en el zapato» del Gobierno.

«Aunque estemos cansados le vamos a seguir dando guerra (al Gobierno). Vamos a ser su piedra en el zapato, porque no nos podemos ir a casa sin saber dónde están nuestros hijos», ha apuntado María de Jesús Tlatempa, madre de José Eduardo Bartolo Tlatempa, uno de los 43.

Durante el encuentro, los familiares expresaron que el Gobierno «tiene que quitarse la máscara», «ser transparente» y «ayudar a encontrar a nuestros hijos sanos y salvos», pues «creemos que los tienen los militares, y por eso no dejan que los entrevistemos», ha señalado.

«El Gobierno tiene que escoger si está con el pueblo o está con la delincuencia organizada. Tiene que decidir ver por la ciudadanía o ver por la delincuencia», ha acotado.

Otro de los padres, Bernabé Aberaham, ha instado a la sociedad a participar en la gran marcha del próximo sábado, cuando se cumplirá un año de la desaparición.