Al menos una persona ha sido arrestada por intentar impedir las labores de desmantelamiento de esta zona, conocida como ‘La Jungla’, en la que viven unas 3.000 personas. Una veintena de operarios fuertemente escoltados por agentes de Policía se ha encargado de desmantelar la mayor parte del campamento, salvo las instalaciones de uso común.

La prefecta Fabienne Buccio ha explicado que la presencia policial es necesaria porque hay «extremistas» que podrían intimidar a los inmigrantes para que rechazaran las propuestas de alojamiento y de traslado a centros de recepción. Ha asegurado que se ha propuesto una solución alternativa de realojo a cada uno de sus ocupantes.

El jueves pasado, un juez ratificó la orden de desalojo de inmigrantes de la zona sur del campamento, aunque mantuvo la prohibición de desmantelar las instalaciones de uso común, como son la escuela y un teatro.

Miles de inmigrantes y refugiados que huyen de la pobreza, la guerra y la violencia, muchos de ellos de Afganistán, Irak y Siria, llegaron en 2015 a Calais para intentar desde allí alcanzar Gran Bretaña.