«Pedir la retirada del texto no tiene sentido. Mejorarlo, mejorar el conjunto de políticas públicas hacia la juventud, sí», ha indicado Manuel Valls en un viaje de trabajo a Orléans.

La principal concesión de momento ha sido la de renunciar a fijar un tope a las indemnizaciones por despido improcedente, sustituido por un baremo indicativo para los jueces de lo social.

También han desaparecido una serie de causas que –en el proyecto inicial– podían esgrimir las empresas para despedir por razones económicas, y serán los jueces quienes establezcan si ha habido voluntad de falsear las cuentas para acreditar pérdidas que justifiquen supresión de empleos.

La ministra de Trabajo, Myriam El Khomri, que da nombre al proyecto, sostiene que su ley favorecerá la contratación, en particular la indefinida, y rechaza que ataque los derechos de los trabajadores, sobre todo de los más jóvenes, protegidos según ella por la llamada «garantía juvenil», que les asegura un subsidio.

Sin embargo, la oposición a esta reforma, que comenzará su trámite parlamentario este mes, no ha cesado desde que en febrero se filtraron algunos de sus contenidos.

Ayer se vivió una jornada de huelga general en todo el Estado, que sacaron a decenas de miles de trabajadores y estudiantes a la calle para protestar por la reforma.

«Las manifestaciones de ayer reflejan, sin duda, una preocupación sobre la evolución de nuestro modelo social, que no siempre está a favor de los jóvenes. Entiendo y respeto el punto de vista de quienes se manifiestan y el Gobierno se mantiene abierto», ha afirmado el primer ministro.

Valls ha pedido a El Khomri y a los ministros de Educación, Najat Vallaud-Belkacem, y de la Juventud, Patrick Kanner, que organicen «en los próximos días» una serie de encuentros con las organizaciones juveniles para abordar con ellas las cuestiones de precariedad y acceso al mercado laboral.