Se trata de la primera reforma legislativa que intentará emprender el nuevo arco parlamentario en esta legislatura, a través de uno de los ‘pilares’ que el PP puso en marcha en los cuatro años anteriores.

Precisamente, a mediados de marzo, el Senado rechazó, gracias a los votos del PP, otra iniciativa del PSOE en este sentido, que fue apoyada por toda la oposición.

Complicada culminación

No obstante, es complicado que la iniciativa para acabar con la última reforma educativa culmine su tramitación de no haber gobierno en este mes, ya que es previsible que el PP, al contar con mayoría absoluta en el Senado, intenten ralentizar su tramitación al máximo –disponen de dos meses para procesar una iniciativa–.

En caso de haber nuevo gobierno en el Estado , y tras ser rechazada por la mayoría del PP en la Cámara Alta, esta normativa tendría que volver al Congreso, donde sí podría tramitarse.

En todo caso desde julio de 2013 existe un compromiso parlamentario de parar la ‘Ley Wert’ en cuanto cambiase la mayoría en la Cámara Baja. Este pacto fue sellado por todas las formaciones políticas que entonces se encontraban en la oposición parlamentaria, salvo UPyD, Foro de Asturias y UPN, que no quisieron sumarse.

De hecho, los partidos que han mostrado su firme disposición a derogar la LOMCE superan ya en el Congreso la mayoría absoluta necesaria (176 escaños) para modificar una norma de rango orgánico como la ‘Ley Wert’, alcanzando los 227 escaños.

Así, han manifestado su deseo de tumbar la norma: PSOE (89 diputados y firmó el acuerdo), Podemos (42), Ciudadanos (40), En Comú (12), Compromís (9, en el pacto), ERC (9, firmó el acuerdo), Democracia i Llibertat –antigua CiU, que también selló el acuerdo parlamentario– (8 diputados), PNV (6, forma parte del acuerdo), En Marea (6), Izquierda Unida (2, se sumó al acuerdo), EH Bildu (2, también está en el pacto por derogarla), Coalición Canaria y Nueva Canarias (1 cada una, dentro del acuerdo).

Suspender las normas en vigor

En concreto, la iniciativa que se debatirá este martes forma parte de las primeras iniciativas que el PSOE presentó en la Cámara tras las elecciones, una proposición de ley que exige «la paralización del calendario de aplicación de la LOMCE y la consiguiente suspensión de la entrada en vigor de las normas dictadas en su desarrollo que no hubieran tenido aún vigencia o aplicación efectiva».

Según remarca, se trata del «paso prioritario» para poder comenzar a reconstruir «un acuerdo común» entre toda la comunidad educativa, los interlocutores sociales y las fuerzas políticas para lograr un sistema educativo «estable y de calidad».

En ella también se propone derogar el decreto de noviembre que regula las características generales de las pruebas de evaluación final de Primaria.

Igualmente, establece que el Gobierno deberá remitir a la Cámara un proyecto de ley básica de educación, que suponga la derogación de la LOMCE, «tras llevar a cabo un proceso de diálogo con las administraciones, comunidad educativa, los interlocutores sociales y las fuerzas políticas, dirigido a alcanzar el máximo consenso en un acuerdo político y social sobre las medidas necesarias para la mejora del sistema educativo».

«Esperamos que cuente con un apoyo prácticamente unánime, salvo del PP, y que salga adelante lo antes posible», ha sentenciado el portavoz Antonio Hernando en la rueda de prensa.