Leire Escajero explicaba que en nuestro sistema alimentario (urbano) la mayoría de las personas no producen los alimentos, sino que los adquieren mediante compraventa. Es decir, estos alimentos son puestos en un circuito comercial y las personas acceden a ellos a través de la compra. Los sistemas legales protegen al consumidor (más débil que quienes producen y venden) pero el problema llega cuando falla ese plan A. Ni en logística, ni en la normativa, existe un plan B. Los alimentos terminan por perderse.

En 1996 en la cumbre de Roma, los jefes de Estado y de gobierno “«onsideraban intolerable que más de 800 millones de personas no dispusieran de alimentos suficientes para sus necesidades nutricionales básicas».

Hasta prácticamente el siglo XXI el hambre se atribuía a una «falta de disponibilidad de alimentos» en algunas regiones. Fue a finales del siglo XX cuando comenzó a reconocerse oficialmente que las raíces del problema son otras. La FAO dijo que, en el actual contexto de crecimiento demográfico y de degradación ambiental, el hambre es «un problema político global que hay que combatir con urgencia».

Entre las medidas adoptadas para terminar con este problema destacan dos: el reconocimiento del derecho a la alimentación (Human Rigth to Food) y los llamados Objetivos del Milenio.

En primer lugar, el derecho humano a la alimentación reconoce que todos los seres humanos tienen derecho a la seguridad alimentaria: esto es, a un acceso económico suficiente a alimentos sanos, seguros y adecuados a sus necesidades nutricionales. Pero hay una dificultad principal: ¿de quién es la responsabilidad de hacer cumplir ese derecho y cómo?

En segundo lugar, los objetivos del Milenio. Los países se comprometieron (para 2015) a reducir a 500 millones las personas que sufren hambre severa. El objetivo no se alcanzó y se han presentado unos nuevos compromisos, llamados los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Por otro lado recalcaba en la idea de que en Europa, oficialmente… no hay hambre. El parlamento Europeo, en sus medidas de lucha contra el despilfarro de alimentos, se refiere a la conveniencia de que los alimentos sobrantes «se redistribuyan entre ciudadanos que no tienen suficiente poder adquisitivo». Pero ni siquiera emplea la palabra pobreza. Según Caritas Europa, un 15% de la población europea está en esta situación, en algunos países más del 25%. Y esa situación se ha agravado por la política de recortes.

En cuanto al despilfarro alimentario, explicaba las implicaciones económicas, ambientales y éticas que este tema conlleva. Según la ponente, la materia prima obtenida de la naturaleza se malogra. Ya que después de haber invertido mano de obra, recursos energéticos, materiales de procesamiento o de embalaje, transporte… Parece que todo esto se gasta para nada. Adentrándose en las implicaciones éticas dice que desperdiciar alimentos es algo mal visto en prácticamente todas las culturas. Antropológicamente, por instinto tenemos arraigado un instinto de «altruismo alimentario». Pero lo hemos ido perdiendo por que ya no somos «unidades de supervivencia», aunque aún quedan resquicios.

Según Leire Escajero debemos mejorar en la eficiencia de las cadenas de producción y distribución para evitar pérdidas de alimentos. Mejorar la redistribución/transformación/donación de alimentos aptos para el consumo que por algún motivo, quedan fuera del circuito comercial. Acabar con la gestión de despilfarro inevitable, revalorizando los alimentos desechados.

En conclusión, si mejoramos la eficiencia, llegara un día que no quede nada que redistribuir… Para entonces ojalá hayamos aprendido que con nuestras decisiones individuales y colectivas, podemos generar un sistema alimentario más acorde.