Decenas de trabajadores se han concentrado en la plaza Areizaga Kalebarren de Zumarrraga tras una pancarta con la leyenda ‘Por una política industrial. Recolocaciones no son soluciones’ en la que han criticado también al Gobierno de Lakua que han acusado de «haberlos dejado abandonados a su suerte».

El portavoz de CCOO en el comité de empresa, Leo Bote, ha leído un comunicado en el que ha denunciado que Arcelor «ha convertido un acuerdo para facilitar la salida de las personas que se quieren desvincular de la empresa en un dramático chantaje» en el que tienen que «decidir en una semana» si se acogen a «una indemnización, que no soluciona nada», o a la «incertidumbre total» sobre los traslados a otras fábricas de Arcelor.

Pasados tres meses desde el inicio de las negociaciones tras el anuncio de cierre de la planta en Zumarraga, los trabajadores «no saben dónde, ni cuándo, en qué condiciones o con qué salario» se llevarían a cabo los traslados propuestos por la dirección.

Las familias «tienen que matricular a sus hijos» pero, por el momento, «no saben en qué ciudad van a vivir», ha indicado Bote, quien ha considerado que lo que pretende la empresa es que «casi todos opten por el despido», una situación a la que se enfrentan un total de 321 personas, ya que del total de trabajadores 21 podrán acogerse a prejubilaciones y 8 se quedan adscritos a la gestión de chatarra que mantendrá Arcelor en Zumarraga.

Por ello han apelado a la «sensibilidad social» de la empresa para alargar ese plazo de forma que los trabajadores tengan más tiempo para adoptar esa decisión.

Críticas a Lakua

Asimismo han dado cuenta de la última reunión mantenida con la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantza Tapia, en la que esta les dijo, según han señalado los representantes del comité, que los «abandona a su suerte porque no podía hacer nada más», una postura que ha calificado de «vergonzosa y que no está a la altura de lo que tiene que hacer un Gobierna».

«Si el Gobierno Vasco no puede incidir legalmente en las injusticias que comete una multinacional habría que cambiar la legislación», ha remarcado.

Ha agregado que los trabajadores han «aguardado con paciencia» para ver si se cumplían los «compromisos adquiridos» por el Ejecutivo autonómico, pero esta respuesta «ha sido la gota que ha colmado el vaso».

«No se ha presentado la solicitud de una auditoría externa que prometió, no se ha cambiado el plan a la empresa, no han adoptado ningún compromiso de oponerse jurídicamente al cierre y no han encargado la elaboración de ningún plan de viabilidad alternativo», ha explicado.

Parece, ha continuado Bote, que el Gobierno de Lakua y Arcelor se «retroalimentan con su actitud» y lo que buscan es que los empleados «acepten el cierre», algo a lo que los trabajadores se niegan porque lo consideran «injusto e injustificado».

En este sentido han asegurado que «seguirán peleando hasta el final» y pedirán «que no se financie públicamente a Arcelor Mittal hasta que no garanticen un proyecto industrial en todas las plantas» porque «no entenderían que el dinero público se utilizara para pagar sus despidos».

Los trabajadores mantienen que se puede sacar adelante un proyecto «viable y rentable» en la planta de Zumarraga, pero para eso «hay que apostar por ella» y lo que Arcelor «no quiere es que un tercero les pueda dejar en evidencia mostrando que la verdadera intención es deslocalizar la producción».