En Irlanda se debate entre si los 13.000 millones de euros que la Comisión Europea quiere que Apple pague al erario irlandés es “un regalo divino” o “una manzana envenenada”. En un país de interminables colas en los comedores sociales, donde el número de familias sin techo no parece mermar, con una sanidad permanentemente en crisis, en la que las estadísticas sobre el número de pacientes en camillas en los pasillos de los hospitales es una constante, en el que la educación sigue siendo gratuita solo en teoría... para los irlandeses de a pie las cosas parecen bastante claras y cualquier ciudadano es capaz de elaborar una lista en la que gastar la nada despreciable suma calculada por la Comisión Europea. Pero políticos y expertos en materia económica están divididos a la hora de decidir si lo mejor es coger el dinero con un educado «muchas gracias» o, por el contrario, optar por «muchas gracias pero preferimos que se lo quede Apple».

Lo primero que se debe aclarar es que públicamente todavía se desconoce en su integridad la resolución de la Comisión Europea –solo tienen conocimiento del texto completo las partes interesadas, esto es, el Gobierno de la República de Irlanda y Apple–. Cabe argumentar que todos los irlandeses, más allá de su Gobierno, son partes interesadas dado que la suma de la que se está hablando equivale a la totalidad del presupuesto del Ministerio de Sanidad de un año entero, y eso sin tener en cuenta los intereses, que incrementan la cifra en otros 6.000 millones.

¿Cómo es posible que un gobierno que tiene la posibilidad de engordar sus arcas con una cantidad cercana a los 20.000 millones, en vez de organizar una fiesta, muestre una gran preocupación y se niegue a recibir el dinero? Y no solo eso, sino que además anuncie que va a gastar miles de euros en un proceso judicial argumentando lo injusto que sería que le dieran esa estratosférica cifra.

La verdad es que la posición de Dublín no es tan descabellada como parece a simple vista si aceptamos su planteamiento de que aceptar el dinero sería equivalente a admitir que el Gobierno irlandés conspiró con Apple para que la multinacional no pagara su parte correspondiente de impuestos a cambio de instalarse en la isla. El Ejecutivo no puede admitir que hizo trampa; prefiere admitir que cualquier otra corporación que pague más del 0,005% de sus beneficios son poco menos que tontos porque, evidentemente, podían haber utilizado las mismas técnicas de malabarismo contable que ha usado Apple. Si hay alguna que no lo ha hecho es porque no ha querido, no por que no haya podido. Y por si alguien piensa que el 0,005% es una errata, les puedo asegurar que no; les aseguro que es la cifra calculada por la nada sospechosa Comisión Europea como el porcentaje que pagó Apple en 2014 por los beneficios corporativos que obtuvo con sus ventas en Europa.

Los más avispados de nuestros lectores argumentarán que la solución es sencilla: allá donde se vendan los productos, sean los de Apple o los de cualquier otra empresa, es donde se deben pagar los impuestos por las ventas.

Pero eso no es tan sencillo como parece, sobre todo si la empresa que está detrás del producto se plantea hacerlo lo más complicado posible: si tenemos en cuenta que actualmente un gran número de las ventas de productos electrónicos se llevan a cabo a través de Internet y que en esos casos comprador y vendedor se pueden encontrar en lugares diferentes, la sede de la empresa probablemente estará en un tercer país; y sus oficinas, en un cuarto; el producto se elaborará en otro diferente y la distribución puede realizarse desde un estado que no coincida con ninguno de los ya citados.

Todo esto sin mencionar dónde se realizarán los pagos y dónde estarán domiciliadas las cuentas en la que se ingresen los beneficios, que, claro está, luego siempre se podrán transferir a la jurisdicción que más convenga, léase a la que tenga una carga impositiva menor.

El director general de Apple, Tim Cook, dice que no han hecho nada ilegal. Y es cierto, ellos solo se han aprovechado de las posibilidades que les brindan los gobiernos del mundo para que la mayor multinacional prácticamente no pague impuestos por la venta de sus productos. Así pues, si realmente todo es legal, no es justo que la CE pretenda cambiar las leyes a posteriori y quiera que una empresa con todas sus cuentas en regla pague por impuestos que no le correspondía pagar en su día. Este es el alegato de defensa de Apple.

De una forma o de otra, el dinero no va a estar en manos del Gobierno irlandés hasta que se resuelvan los correspondientes recursos e, incluso, si «perdiera» el juicio y se viera obligado a aceptar a regañadientes el dinero, que para entonces superaría con creces la cifra de 20.000 millones de euros, se plantearía la cuestión de si es realmente el erario irlandés el que debe recogerlo. Al fin y al cabo, el argumento de la Comisión Europea parece ser que la cantidad adeudada ha sido originada por ventas de productos Apple en toda la UE y, si es así, nadie parece tener claro que, llegado el momento, los distintos gobiernos europeos no se vayan a poner a hacer cola para reclamar su parte. Y, si eso ocurriera, quizás se forme otra cola de multinacionales actualmente afincadas en Irlanda, por lo menos en papel, despidiéndose de la isla por falta de confianza en su sistema tributario.

La situación es tal que se ha llegado a hablar de la caída del Gobierno, pero la promesa de un cambio de legislación en la que, ahora sí, las multinacionales van a pagar sus impuestos ha hecho que los independientes de los que depende la estabilidad del Ejecutivo del derechista Fina Gael reculen y apoyen el recurso. Por tanto, desde el Partido Laborista hasta la derecha más recalcitrante apoyan la presentación del recurso contra la decisión de la Comisión Europea, mientras que los partidos de izquierda, Sinn Féin y People Before Profit, se han quedado solos proclamando que todo el mundo debe pagar los impuestos justos y no los que resulten de lo que eufemísticamente se denominan «técnicas de planificación fiscal» –lo que para el resto de los mortales es «hacer trampas»–.