El objetivo de la demanda de ELA es denunciar que los fondos de formación se han utilizado para financiar a los sindicatos UGT y CCOO y a la patronal CEN. Además, consideran que desde que se produjo un cambio legisltativo a nivel estatal en marzo de 2015, esta práctica es fraudulenta. Han presentado la demanda contra una ayuda de 1,5 millones de euros a UGT por economía procesal, pero hacen extensible la crítica a todas las ayudas y al propio sistema.

Sonia Ontoria, abogado que lleva el caso en nombre de ELA, se ha quejado de la información que el SNE debía aportar es escasa e incompleta, lo que ha ralentizado el procedimiento.Por ello, todavía no hay fecha para la vista.

En la demanda de ELA se pide que declaren ante el juez responsables políticos del anterior Gobierno de Nafarroa, como Lourdes Goicoechea, que fue consejera de Economía en el Ejecutivo de Yolanda Barcina o Maribel García Malo, la anterior responsable del SNE y hoy parlamentaria de UPN. También están citados la actual responsable del SNE, Paz Fernández, o el secretario general de UGT cuando recibieron la subvención, Javier Lecumberri.

Ontoria ha subrayado que la representación jurídica de UGT en esta causa corre a cargo de Juan José Lizarbe y Roberto Jiménez, que eran parlamentarios del PSN cuando este partido apoyó en la Cámara navarra, a iniciativa de UPN, una norma para eludir la prohibición de este tipo de ayudas que establecía la ley estatal.

Mitxel Lakuntza, coordinador de ELA en Nafarroa, ha destacado que estas ayudas encubiertas a UGT, CCOO y a la patronal son una herramienta para premiar a sindicatos dóciles y castigar a los más reivindicativos y ha emplazado al Gobierno de Uxue Barkos a acabar con esta práctica, eliminando estas subvenciones de los presupuestos de 2017.

Además, ha insistido en la necesidad de transformar el SNE para que sea un órgano público, democrático y transparente y se ha reafirmado en la estratagia de ELA de no participar en esta institución para intentar cambiarla desde fuera.