El diputado general de Araba mostró ayer su disposición a trabajar en «posibles modificaciones» de la normativa fiscal, respetando siempre el «principio básico de la armonización fiscal» con Bizkaia y Gipuzkoa. Ramiro González realizó este anuncio en el Pleno de Política General de las Juntas Generales, donde avanzó que la Diputación evaluará «de forma concienzuda y rigurosa» la reforma fiscal acordada en 2013 por PNV y PSE, los dos partidos que forman el actual Gobierno foral. A su juicio, la citada reforma, a la que también se sumó el PP, «se puede mejorar».

Y eso es lo que pretende hacer el dirigente jeltzale, que defendió una reforma de la norma general tributaria para endurecer las sanciones por fraude fiscal. Según informaron las agencias, propuso aumentar las multas por borrado y destrucción de facturas, así como por manipular programas informáticos de facturación. «Queremos garantizar que cada alavés contribuya a la cohesión territorial en función de sus ingresos reales, evitando el fraude», destacó.

Por otro lado, reconoció que este año no se van a cumplir las previsiones de recaudación, debido al efecto de las exportaciones alavesas en los ingresos por IVA y a las medidas tributarias adoptadas por el Gobierno español que, a su parecer, provocan la disminución de los pagos a cuenta de las sociedades que tributan bajo régimen común.

Fuerzas de izquierda

El portavoz de EH Bildu, Kike Fernández de Pinedo, alertó de los efectos que puede tener la falta de recursos económicos en el mantenimiento de los servicios sociales, en la generación de empleo de calidad, en la financiación de las entidades locales del herrialde y en la capacidad inversora de la propia Diputación foral.

El juntero soberanista, que subrayó que «todavía estamos lejos de tener una fiscalidad justa y progresiva, adecuada a la calidad de los servicios que debemos prestar», propuso una reforma en profundidad del Impuesto de Sociedades, gravar las viviendas vacias y rebajar a un millón de euros el límite por el que las empresas deben pagar el Impuesto de Actividades Económicas (IAE).

Desde Podemos, Arantxa Abecia también reclamó una mayor «justicia fiscal», al tiempo que criticó las propuestas contra el fraude planteadas por el diputado general. A este respecto, afirmó que para acabar con el fraude es necesario incrementar los recursos económicos y humanos de la Hacienda foral.

Por su parte, el único representante de Irabazi, José Damián García-Moreno, reclamó a González que aclare si habrá recortes derivados del incumplimiento de las previsiones de recaudación fiscal.

El pasado mes de julio, EH Bildu, Podemos e Irabazi propusieron sustituir el Impuestos de Patrimonio por un nuevo Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas. Un tributo que afectaría a las rentas superiores a 600.000 euros anuales, unas 1.636 personas en Araba.

Revisión de las cifras del Convenio Económico

El consejero de Hacienda, Mikel Aranburu, indicó ayer que la aportación de Nafarroa al Estado por las cargas generales es entre 100 y 250 millones de euros superior a lo que debería, por lo que la actualización del Convenio Económico que rige las relaciones financieras entre ambas partes es «uno de los grandes retos» a abordar.

Aranburu compareció en conferencia de prensa para informar de un estudio que durante año y medio ha realizado el personal de Hacienda para determinar –después de analizar todas las partidas, líneas y programas– cuáles son las competencias asumidas por Nafarroa, cuáles las del Estado y cuáles las compartidas, y hacer una cuantificación.

Con estos datos y haciendo «una aplicación rigurosa de la metodología prevista en el Convenio Económico», la conclusión para el Ejecutivo foral es que se debe revisar la cuantía que está pagando. «Se puede llegar a un acuerdo con relativa facilidad», ya que «se trata de ajustar la aportación no de reformar el Convenio», puntualizó. GARA