Así lo ha señalado CCOO de Nafarroa, que en una nota ha valorado las repercusiones de esta sentencia del TJUE, que pide que se reconozca el derecho de los trabajadores temporales a una indemnización por extinción o cese equivalente a la establecida para el despido por causas objetivas (en el Estado español, 20 días por año, con un límite de 12 mensualidades).

Esta medida se aplicará a todos los contratos o nombramientos temporales vigentes o que se celebren en el futuro, y a todos aquellos contratos temporales extinguidos después del 14 de septiembre de 2015 y a los nombramientos administrativos temporales extinguidos después del 14 de septiembre de 2012.

Al respecto, han presentado una campaña sindical para informar a los trabajadores navarros sobre cómo reclamar sus derechos, tras calcular que los potenciales afectados en Nafarroa por esta sentencia serían más de 7.500 en la Administración (sanidad, 4.084 jornadas completas; educación, 2.508 jornadas completas; núcleo, 873 jornadas completas).

Además, «varios cientos» de personas en los ayuntamientos de Nafarroa; «muchos miles» en los sectores privados de Nafarroa y «varios millones» están también afectadas en el conjunto del Estado, según las mismas fuentes, que consideran que el coste anual de las indemnizaciones en el Gobierno de Nafarroa sería de más de 15 millones de euros al año.

La sentencia afecta a todas las personas con contrato temporal en el Estado español, independientemente de la legalidad del mismo, y en la misma se equipara la indemnización de temporales con indefinidos cuando el cese se produce por las causas previstas en el contrato (despido objetivo).

Además, se extienden al personal funcionario temporal las mismas garantías que al personal laboral: indemnización en el caso de finalización justificada de la relación laboral; consideración como personal indefinido-no fijo cuando el nombramiento administrativo fuese abusivo o en fraude de ley.

Ante esta sentencia, CCOO ha impulsado una campaña de asesoramiento sindical y jurídico, durante la cual prestará asistencia gratuita a todas las personas afectadas, afiliadas o que se afilien en el momento de encargar su defensa.