Tanto la lucha contra el fraude fiscal como la adaptación a las exigencias europeas en lo relativo a ayudas de Estado son los principales objetivos del proyecto de Ley Foral por la que se modifica parcialmente la Ley General Tributaria, que pretende «modernizar y mejorar las relaciones» entre contribuyentes y administración, según el parlamentario de Geroa Bai Jokin Castiella.

En este marco de mejora ha situado la enmienda presentada por los grupos que sustentan al Gobierno, que «mejora y hace de la administración un sistema que, si no más diferente a cómo estaba funcionando, sí que contribuye más a los efectos de transparencia y justicia a la hora de la distribución de las ayudas».

Dicha propuesta, aprobada por unanimidad, plantea una colaboración con el departamento competente en materia de vivienda, de forma que tenga acceso «a los datos tributarios que le sean precisos», ya que «necesita conocer los datos relativos a la renta de las personas físicas para tener un adecuado control», así como datos de titularidades de inmuebles.

También por unanimidad se ha aprobado una enmienda in voce de los grupos firmantes del acuerdo programático, la cual «garantiza la capacidad de recaudación de la administración» y busca «evitar que el endurecimiento de las exigencias por los aplazamientos de deudas tributarias impida la ejecución de la deuda».

De esta forma, se plantea que, en los supuestos de solicitudes de aplazamiento o de fraccionamiento, «siempre que el importe a aplazar o fraccionar sea inferior a 6.000 euros con un periodo de aplazamiento de hasta 12 meses y periodicidad mensual, no se exigirán garantías ni tampoco el ingreso anterior a su tramitación».

Mediante esta enmienda se advierte que «endurecer estos requisitos puede suponer, en lugar de la posibilidad de cobro, el riesgo de que estas cuantías pasen a engordar las cifras de insolvencias y dificultades de cobro».

Respecto al debate sobre el Proyecto de Ley Foral por la que se modifica la Ley de Haciendas Locales de Nafarroa, tanto la oposición como los grupos firmantes del acuerdo programático han mostrado su «posicionamiento favorable», por considerar que «mejoran la misma».

De esta forma, se ha aprobado por unanimidad la enmienda de modificación formulada por el cuatripartito, que busca «apoyar a las personas o familias en situación de vulnerabilidad» en los supuestos de desahucio, de forma que «quede protegido el deudor hipotecario» y «no se pueda repercutir a este el importe del gravamen», según ha explicado el parlamentario de Geroa Bai Unai Hualde.

El texto presentado recoge «medidas para favorecer en lo posible a aquellas familias especialmente vulnerables que contrataron un préstamo hipotecario para la adquisición de su vivienda» y que se encuentran «en dificultades para hacer frente a sus obligaciones como consecuencia de haberse alterado su situación económica».

También se plantea la figura del «sustituto del contribuyente» en los casos de transmisiones de viviendas a entidades financieras acreedoras, de forma que la entidad adquiriente será el sustituto del deudor hipotecario transmitente.

En la votación sobre el Proyecto de Ley Foral por la que se regulan los Tributos sobre el Juego, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E han apoyado la enmienda presentada por el cuatripartito, mientras que UPN, PSN y PPN se han mostrado en contra.

De esta forma, se establece que «el tipo de gravamen» correspondiente a los juegos mediante apuestas será del 12%, «sea cual sea el medio a través del cual se hagan aquellas», frente a la reivindicación del 10% sostenida por PPN y la del 11% defendida por PSN. Además, se reducirá el tipo impositivo del bingo, que pasará del 25% al 20%.

Tras su aprobación en comisión, los tres dictámenes serán elevados a pleno para su debate y votación definitivos.