Ni en su reunión prevista para hoy mismo, ni antes del 31 de diciembre. El Consejo Vasco de Finanzas (CVF) aparca la reforma de la Ley de Aportaciones para el próximo año –alguna de las partes habla ya del verano–. Y ello pese a que, hasta este miércoles, tanto las diputaciones como Lakua afirmaban públicamente que estaban trabajando a tope para alcanzar el consenso antes de que finalice el año.

El aplazamiento sine die fue notificado ayer por el Gobierno de Iñigo Urkullu en una breve nota informativa. En ella se señalaba que el consejero de Hacienda y Economía, Pedro Azpiazu, ya había hecho partícipes a los tres diputados generales y al presidente de Eudel de que «se necesita más tiempo» para elaborar la nueva norma. La justificación esgrimida está poco elaborada para tratarse de un asunto de este calado, ya que el Ejecutivo apela ahora a «la necesidad de abordar antes diversas cuestiones que condicionan el desarrollo» de la negociación.

Pero por «muy relevante» que parezca «el mandato establecido por la Ley de 2/2016 de 7 de abril de Instituciones Locales de Euskadi», ha habido tiempo desde que entró en vigor para haber ampliado el plazo sin llegar a dar esta sensación de agotamiento en la recta final de un plazo que fue establecido en la reunión del CVF de febrero.

Más pueril aún resulta que se aluda a que «existe un nuevo Ejecutivo autonómico que acaba de empezar su andadura», cuando el lehendakari es el mismo que el del anterior y su nuevo socio, el PSE, no ha sido citado por nadie como un factor que pudiera haber provocado la falta de acuerdo.

Y la mención a la negociación del Cupo con el Gobierno español no es de recibo cuando esta ya ha entrado en vía libre, como se comprobó ayer mismo en la votación del techo de gasto presupuestario en el Congreso de los Diputados (más información en la página siguiente).

Por lo tanto, parafraseando al «nuevo Ejecutivo autonómico», las cuatro instituciones gestionadas por el PNV (dejando a un lado a Eudel) han fracasado a la hora de alcanzar «el consenso institucional» pese a que consideran que «es vital diseñar una ley de fondo» que «genere suficiencia financiera para abordar las prioridades de los próximos años».

Prorrogada desde 2011

De todo lo anterior se deduce que el auténtico obstáculo con el que se han topado los integrantes del CVF son las habituales discrepancias en torno al reparto de las aportaciones entre las tres diputaciones.

Con la actual ley en vigor, que está prorrogada desde 2011, los coeficientes de aportación a las arcas comunes de la CAV son del 50,94% para Bizkaia, del 33,06% para Gipuzkoa y del 16% para Araba. Según dónde se ponga el foco, cada diputación puede sentirse agraviada o favorecida. La sensación de salir beneficiada por el reparto nunca se expresa públicamente, mientras que el supuesto agravio entre territorios salta a la palestra a las primeras de cambio.

Eudel reivindica el papel de los municipios fuera de plazo

La Asociación de Municipios Vascos (Eudel) ha tenido mucho tiempo para reivindicarse como un agente primordial en la negociación de la Ley de Aportaciones, pero no lo ha hecho pese a que la fecha del 16 de diciembre estaba subrayada en el calendario institucional de la CAV desde el pasado mes de febrero. No obstante, ayer, el presidente de Eudel y alcalde jeltzale de Getxo, Imanol Landa, recalcó que, tras entrar en vigor la nueva ley municipal, las tres diputaciones no pueden acordar solas la modificación de la Ley de Aportaciones y que el voto de los ayuntamientos es «imprescindible». Ciertamente, las diputaciones tienen 3 votos en el CVF y los ayuntamientos otros 3 pero, con el actual reparto político, el PNV cuenta con suficiente mayoría. T.F.