En su defensa, el consejero de Hacienda y Política Financiera, Mikel Aranburu, ha explicado que, de esta forma, «se aclara la discrepancia que había» sobre «si tenían que tributar o no las autovías y otras infraestructuras con peajes en la sombra».

«Se dice explícitamente que sí», ha zanjado para destacar también que la inspección del Impuesto de Actividades Económicas será compartida entre el Ejecutivo y los propios ayuntamientos, y que el Registro pueda ser consultado en Internet.

De esta forma, se establece que, en los contratos de compra-venta de viviendas, el pago de la plusvalía «debe ser asumido por la persona vendedora», evitando así que el comprador sustituya al vendedor como contribuyente.

El parlamentario de Geroa Bai Unai Hualde ha apostado por una reforma «mucho más ambiciosa e integral que lo que se plantea», pero ha considerado oportuno que se modifiquen «cuestiones puntuales que es pertinente hacer ahora», sin esperar «a una eventual reforma global».

El parlamentario de Podemos-Ahal Dugu Rubén Velasco ha puesto en valor la inspección compartida del Impuesto de Actividades Económicas y la consulta por Internet, ya que será una «herramienta muy útil».

Por su parte, el portavoz de I-E, José Miguel Nuin, ha compartido los argumentos expuestos por los parlamentarios que le han precedido en la palabra, mientras que, por UPN, Luis Casado ha lamentado que tanto el Gobierno como los partidos que lo sustentan no tienen «interés» en «defender a los concejos».

Además, ha temido que se aporte mayor «seguridad jurídica a los recurrentes», y ha considerado que la modificación sobre el sustituto de la figura del contribuyente «genera más inseguridad de cobro a las entidades que con la anterior norma».

Por el PP, Javier García ha justificado la abstención al afirmar que hay cuestiones con las que la formación está a favor pero que otras les generan «ciertas dudas».