En una entrevista en Radio Euskadi, Muñoz ha afirmado que «si no fueran mujeres las que están en el conflicto de las residencias de Bizkaia, el problema estaría resuelto».

En los mismos términos se ha expresado esta mañana en el marco de la concentración realizada ante el Palacio foral el representante de esta central en el sector Gaizka Miguel, quien ha considerado que «si el diputado general no está haciendo lo que tiene que hacer y el conflicto no se está solucionado es porque se trata de un colectivo de mujeres».

Miguel ha denunciado que «no se puede salir solo el 8 de marzo con el punto morado», sino que «hay que hacer país el resto del año con condiciones laborales dignas para las trabajadoras y asistenciales para los residentes».

El representante sindical ha acusado a la Diputación de «permitirse el lujo de estar inactiva y omisa a las reivindicaciones de las trabajadoras y los familiares», que, según ha dicho, «no aguantan más las condiciones que hay en las residencias».

Con respecto a las declaraciones pronunciadas por el diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, en las que consideraba que existían «mimbres suficientes» para que se alcanzase un acuerdo «en los próximos días» que diera por solucionado el conflicto de las residencias del territorio, Miguel ha declarado que se trató de una «propuesta atemporal», y que fue además, rechazada en la asamblea por las trabajadoras por considerarla «insuficiente».

En esta línea, el delegado de ELA ha invitado a Rementeria a «tener el valor» de decir ante las trabajadoras «lo que está diciendo públicamente por detrás», pues a día de hoy «no existe ninguna propuesta encima de la mesa», y aún esperan repuesta a la proposición remitida junto a la asociación de familiares de usuarios, Babestu, para abordar el tema de los ratios, ha subrayado.

Miguel ha recordado que las demandas de las trabajadoras pasan por una mejora de los salarios, hasta alcanzar los 1.200 euros -cobran entre un 40 y un 60% menos que en los centros públicos-, de las jornada de trabajo, hasta lograr unas jornadas de 1.592 horas «que sean idénticas a las de los centros residenciales que gestiona propiamente la Diputación», y por una mejora de los ratios del personal que trabajan en los centros residenciales, donde residen aproximadamente diez mil internos .