El Tribunal Supremo español ha decidido aplicar por primera vez la retroactividad total de una cláusula suelo, adaptando así la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en esta materia después de estudiar un recurso planteado por BBVA.

El Alto Tribunal ha rechazado que en este caso concurra «causa juzgada» y para determinarlo aplica la jurisprudencia de la Sala Primera del Supremo, del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Alega que se trata de una acción individual y no colectiva.

También apunta que la cláusula enjuiciada en este caso era diferente a las examinadas por la sentencia del Tribunal Supremo del 9 de mayo de 2013 y destaca que la entidad de crédito contratante no fue BBVA, sino Caixa d'Estalvis Comarcal de Manlleu. En relación con otro recurso interpuesto por Caja Rural Teruel, el Supremo sí ha desestimado las pretensiones de los clientes, al entender que en ese caso la cláusula suelo sí cumplía con los requisitos de transparencia.

El Supremo confirma así una sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona fechada en diciembre de 2013, que ya había declarado nula esta cláusula. El 9 de mayo de 2013, el Alto Tribunal declaró la nulidad de las cláusulas suelo en caso de vicio en el consentimiento, esto es, cuando el cliente que suscribió una hipoteca de tales características no recibió información suficiente de las peculiaridades y riesgos de este producto.

Sin embargo, los afectados vieron en esta decisión un éxito parcial en tanto que el Supremo sólo obligaba a la banca a reparar el daño a partir del día en el que se dictó el veredicto. BBVA ya avanzó que devolvería el dinero de las cláusulas suelo «sólo a la gente que tenga derecho», aunque «lo antes posible», una vez el Supremo dictara su sentencia.

Según cifras hechas públicas por el presidente del banco, Francisco González, el impacto total de este desembolso podría ascender a 1.200 millones de euros, si bien han provisionado 577 millones aconsejados por un auditor independiente. Unos números que «no inquietan» a la entidad, que se ve «cómoda» con la provisión realizada, cuyo efecto en las cuentas anuales ha sido de poco más de 400 millones.

El ministro español de Justicia, Rafael Catalá, ha explicado que su departamento estudia, junto con el Consejo General de Poder Judicial (CGPJ), concentrar todas las demandas en juzgados provinciales especializados, para lo cual se han reunido hoy los presidentes de los tribunales superiores de Justicia. De este modo, en cada provincia habrá un juzgado especializado de manera exclusiva en demandas individuales sobre cláusulas suelo.