El acuerdo aprobado por el Gobierno foral recoge que «se atiende tanto a la petición realizada por los familiares como a la declaración institucional aprobada por la Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra», ha informado el Ejecutivo.

La consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia del Gobierno navarro, María José Beaumont, será la encargada de realizar las gestiones oportunas ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio español del Interior.

El acuerdo del Ejecutivo foral toma en consideración la declaración institucional aprobada el pasado 19 de junio por la Cámara en la sesión celebrada en Altsasu. En ella, mostraba «el compromiso del Parlamento con la convivencia y la justicia», consideraba que los hechos «no son constitutivos de terrorismo» y mostraba su «preocupación» por la situación de los tres jóvenes que permanecen encarcelados a raíz de la trifulca del pasado mes de octubre, en la que estuvieron implicados dos guardias civiles y sus parejas.

En este sentido, solicitaba al Gobierno de Nafarroa «la realización de las gestiones oportunas con el fin de conocer la situación de los tres detenidos y solicitar la revocación de las medidas de aislamiento y separación».

Previamente, el 7 de junio los familiares de los jóvenes habían solicitado al Gobierno foral por escrito que se interesara por estas mismas medidas.