«A pesar de la ilegalidad del referéndum, las autoridades españoles tienen la responsabilidad de respetar estos derechos que son esenciales en las sociedades democráticas», señalan los expertos Dadid Kaye y Alfred de Zayas.

La información del organismo dependiente de la ONU señala que la situación en Catalunya se caracteriza por movilizaciones masivas y la persecución por parte de las autoridades españolas de imprentas, requisas de material del referéndum, bloqueo de webs, prohibición de actos políticos, detenciones de cargos políticos y acusaciones de sedición a dirigentes que pueden suponer quince años de cárcel.

«Las medidas que estamos viendo son preocupantes porque parecen que violan derechos fundamentales individuales, restringen la información pública y la posibilidad de debate en unos momentos críticos para la democracia de España», añaden los expertos.

Los expertos también hacen referencia al envío de 4.000 policías españoles a Catalunya y muestran su «preocupación y la retórica que le acompaña puedan elevar las tensiones y la agitación social».

«Llamamos a todas las partes a hacer el máximo esfuerzo para evitar la violencia de cualquier tipo y para asegurar que las protestas se desarrollen de manera pacífica en los próximos días», añaden los expertos.