La portavoz de Stop Desahucios de Gipuzkoa, Rosa García, ha dado a conocer este caso en una rueda de prensa que ante la oficina de la Caja Rural de la calle Urbieta de Donostia, donde se han concentrado varias decenas de personas, entre las que se encontraban representantes de Podemos, EH Bildu, Irabazi y Ezker Anitza.

García ha explicado que el afectado, al que ha identificado como Martín, cumple los requisitos para «tener derecho a una carencia de amortización de los capitales» de su préstamo hipotecario «por un período de cinco años», así como a «la reducción del tipo de interés aplicable al euribor más el 0,25 %», como prevé la normativa actual.

Ha desvelado que, por estos motivos, la Caja Rural «ha tenido que aceptar su petición de carencia», si bien «a la hora de confeccionar la escritura de la misma, la ha transformado en una novación modificativa del préstamo original, con cláusulas abusivas como la del vencimiento anticipado, intereses moratorios, penalizaciones por comisiones y posiciones deudoras».

La portavoz ha precisado que al firmar este documento ante notario las cláusulas «pierden su abusividad y se le impide reclamarlas ante los juzgados», por lo que Stop Desahucios tiene previsto registrar una reclamación ante el departamento de atención al cliente de la propia entidad.

Durante la concentración, Stop Desahucios ha repartido un comunicado entre los asistentes en el que critica el «comportamiento mafioso» que, en su opinión, ha mantenido la Caja Rural «desde el momento en el que Martín, como miles de familias en situación de precariedad económica, no puede afrontar el pago de la cuota de su hipoteca».

«Pese a que la entidad financiera es conocedora de esta situación, no les informa ni les ofrece las carencias a las que está obligada, dado que voluntariamente se ha adherido al Código de Buenas Prácticas Bancarias», detalla la nota.

Tras explicar que tanto Stop Desahucios como los servicios sociales de distintos ayuntamientos son los organismos que informan a los perjudicados de que pueden acogerse a este tipo de carencias, la plataforma ha exigido que «ninguna escritura de carencia contenga cláusulas abusivas» y que no se obstaculice su tramitación, porque constituyen un derecho que asiste a las familias «vulnerables».