El presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, trató de justificar el indulto concedido el domingo al exmandatario Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por la comisión de delitos de lesa humanidad durante su mandato. Kuczynski se refirió a tales delitos como «errores y excesos». En un mensaje televisado el lunes poco antes de las 21.30 –seis horas más en Euskal Herria–, afirmó que indultar a Fujimori ha sido la decisión más difícil de su vida, pero que tomó la determinación de liberar al expresidente porque a sus 79 años ya ha cumplido cerca de la mitad de su condena y su salud se ha deteriorado. El no indulto a Fujimori fue una de sus promesas en campaña electoral.

«Se trata de la salud y las posibilidades de vida de un expresidente del Perú que, habiendo cometido excesos y errores graves, fue sentenciado y ha cumplido ya 12 años de condena. Estoy convencido que, quienes nos sentimos demócratas, no debemos permitir que Alberto Fujimori muera en prisión. La justicia no es venganza», dijo.

Aunque reconoció que Fujimori «incurrió en transgresiones significativas de la ley, al respeto de la democracia y a los derechos humanos» tras asumir la Presidencia al inicio de la década de los 90, defendió su legado. «Creo que su Gobierno contribuyó al progreso nacional», dijo Kuczynski, quien fue tildado de traidor por sectores de la sociedad que le apoyaron en las elecciones presidenciales para evitar que Keiko Fujimori, hija del Fujimori, llegara a la Presidencia e indultara a su padre.

El presidente peruano firmó el indulto solo tres días después de evitar su destitución por el Congreso, por sus vínculos con la constructora brasileña Odebrecht, gracias a la abstención de un grupo de diez fujimoristas liderados por Kenji Fujimori, hijo menor del exmandatario, que anteriormente había pedido a Kuczynski indultar a su padre. El indulto era la única vía que tenía para salir de la cárcel, pues la naturaleza de lesa humanidad de los delitos, por matanzas y secuestros durante su mandato, no le permitía acceder a ninguna reducción de la pena. En 2009 fue condenado a 25 años de prisión como autor mediato (con dominio del hecho) por la muerte de 25 personas en las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), perpetrada a cargo del grupo militar encubierto Colina, y por el secuestro de un periodista y un empresario en 1992.

Fujimori, ingresado en una clínica de Lima, agradeció el indulto a través de un video en su cuenta de Facebook.

«Soy consciente que los resultados durante mi Gobierno de una parte fueron bien recibidos, pero reconozco, por otro lado, que he defraudado también a otros compatriotas. A ellos les pido perdón de todo corazón», manifestó, y aseguró estar «sorprendido» por el indulto. «Esto me ha producido un fuerte impacto en el que se mezclan sentimientos de extrema alegría y pesares», señaló. Además, expresó su «gratitud por el paso complejo» que, según dijo, dio Kuczynski al aprobar su indulto y el perdón de todas sus penas y de los procesos que aún tenía en curso. «(Esto) me compromete, en esta nueva etapa, para apoyar decididamente su llamado a la reconciliación», añadió.

Dimisiones en protesta por el indulto

El director general de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Roger Rodríguez; el secretario técnico de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel sobre paz, reparación y reconciliación, Daniel Sánchez; y la responsable del Programa de Reparaciones Simbólicas, Katherine Valenzuela dimitieron en protesta por el indulto a Fujimori.

En su carta de renuncia, Rodríguez, quien integró la Comisión de Gracias Presidenciales que recomendó rechazar el indulto a Fujimori en 2013, subrayó que fue «testigo de excepción» de cómo se «pretendió manipular la realidad». Aseguró que el indulto –cuya solicitud fue presentada el 11 de diciembre– se tramitó de manera acelerada y que le «resulta insostenible permanecer en la institución y, en un contexto así, vergonzoso, representar a una oficina que dialoga con las víctimas». La medida ha generado gran controversia entre los juristas, quienes advierten de que podría ser revertida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.GARA