Estas zonas tienen por objetivo, según el Gobierno de Madrid, la «salvaguardia de los intereses de la defensa nacional, asegurando la seguridad y eficacia de sus organizaciones e instalaciones. Constituyen o podrían constituir una base permanente o un apoyo eficaz para las acciones ofensivas o defensivas necesarias para tal fin».

El hecho de declararlas «de interés» las blinda en el cruce entre la legislación sobre protección ambiental de grandes espacios naturales, la ordenación urbanística y las necesidades militares.

El real decreto aprobado por el Gobierno determina la zona afectada y fija las prohibiciones, limitaciones y condiciones para su utilización «respetando los intereses públicos y privados siempre que sean compatibles con los de la defensa nacional».