El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha ordenado revisar la sentencia que avaló el sistema estatal de bonificaciones fiscales –conocido como tax lease– para los inversores en astilleros, que previamente había sido declarado ilegal por la Comisión Europea.

El caso se remonta a 2013, cuando Bruselas pidió a las autoridades españolas recuperar las ayudas concedidas a los astilleros bajo este sistema entre 2007 y 2011, tras concluir que el régimen de ayudas vulneraba las normas de la UE en materia de ayudas públicas porque concedió una ventaja selectiva a sus beneficiarios con respecto a sus competidores.

El Ejecutivo comunitario estableció entonces que las subvenciones deberían devolverlas los inversores que financiaron la construcción de los buques, pero no los armadores ni los propios astilleros.

Este sistema se puso en marcha en 2002, aunque Bruselas propuso que se recuperasen las ayudas concedidas desde abril de 2007, frente a la posición del Gobierno español, que abogaba por contar desde 2011, fecha en la que se declaró ilegal el régimen de bonificaciones.

El Gobierno español y las sociedades Lico Leasing y Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión recurrieron la decisión de Bruselas. El Tribunal General de la UE –organismo de primera instancia– anuló la decisión del Ejecutivo comunitario en una sentencia que hizo pública el 17 de diciembre de 2015.

La Comisión Europea presentó un recurso y, en su sentencia de hoy, el Tribunal de Justicia –máxima instancia judicial comunitaria– ha anulado el fallo del Tribunal General, al que ha devuelto el asunto para una nueva evaluación.