La «oposición frontal» anunciada por el presidente del PP, Pablo Casado, contra cualquier acercamiento de presos vascos a Euskal Herria fue concretada ayer por su vicesecretario de Organización, Javier Maroto, con la amenaza de movilizaciones junto a organizaciones de víctimas si se produce ese cambio en la política carcelaria. El PP ya recurrió a ello en 2006 y 2007 frente al proceso de negociación entre el Gobierno Zapatero y ETA, pero desde entonces hay muchas cosas que han cambiado: la organización ni siquiera existe, el ministro del Interior es el entonces juez anti-proceso Fernando Grande-Marlaska y las organizaciones de víctimas son informadas directamente por él de unas intenciones que resultan plenamente legales.

Ajeno a todo ello, Maroto dijo en entrevista a Europa Press que el PP va a mantener «una posición muy firme» e insistió en la falacia de calificar los acercamientos como «beneficios penitenciarios» cuando no tienen este carácter.

El exalcalde de Gasteiz confía en contar con víctimas de ETA para ese objetivo de atacar al Gobierno Sánchez: «Ellas han dicho abiertamente que están dispuestas a salir a la calle para exigir dignidad, justicia y memoria. Y si las víctimas del terrorismo deciden salir a la calle, encontrarán en el PP un compañero, porque la memoria de las víctimas del terrorismo no puede ser utilizada por un presidente del Gobierno para pagar favores a un partido que le ha prestado cinco votos para una investidura en una moción de censura», en alusión al PNV.

Resultó significativo que en la entrevista Maroto eludiera defender expresamente la política de alejamiento, que en la práctica está castigando básicamente a sus allegados, incluidos niños y personas de edad, y provocando constantes accidentes con riesgo para la vida humana. «No se trata de acercar o no a presos. No se trata de a cuánta distancia están –expuso Maroto–. El debate que ha introducido el PSOE, impulsado por los socialistas vascos, es conceder o no beneficios a presos que no se han arrepentido y que no han renunciado a los actos que han cometido. Vamos a llamar a las cosas por su nombre».

El ejemplo de Arrozpide

Sobre la recurrente utilización de ciertas víctimas por parte del PP, tiene interés lo ocurrido con el caso de Santi Arrozpide, cuya excarcelación está fijada hoy tras casi 31 años de cárcel después de la ley de amnistía de 1977. El PP lleva semanas intentando hacer campaña del caso y ayer la agencia Efe recabó la opinión de algunas asociaciones, pero el sentimiento que encontró no va más allá de la «resignación». Y es que, como apunta en el teletipo de esta agencia la abogada de la AVT Carmen Ladrón de Guevara, su liberación «es legal, el cómputo está bien hecho» (en realidad, a Arrozpide se le han aplicado numerosas prácticas excepcionales que han prorrogado el cumplimiento de condena hasta superar el tope de 30 años).

La mayor queja que expresa la AVT es que «en España matar a dos personas es igual que matar a 40», un intento de defender la «doctrina Parot» que ya topó con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que anuló este criterio en 2013.

A las playas hoy

Mientras, los familiares de presos agrupados en Etxerat llaman a acudir hoy a las playas para, como cada año por estas fechas, difundir la vulneración de derechos que padecen y reclamar el final del alejamiento. Ayer ya lo hicieron en Plentzia.

En los micrófonos de la Cadena Ser, Urtzi Errazkin recordó al Ejecutivo Sánchez la «urgencia» que reviste cambiar la política carcelaria, trayendo a colación que ayer mismo había cerca de 500 personas en las carreteras haciendo viajes –en muchos casos de 2.000 kilómetros– para poder visitar a sus allegados durante 40 minutos.