Los representantes de este colectivo, Arantxa Iturrarle y Benito Uterga, han leído un comunicado en euskara y en castellano frente a la sede del Gobierno de Nafarroa, donde han reclamado «una subida permanente en relación a la carestía de la vida (IPC) garantizada por ley».

Otras peticiones, como han expresado, han sido la derogación tanto de las reformas de pensiones y laborales que «impiden» una pensión digna como del denominado factor de sostenibilidad.

Igualmente han mostrado su rechazo a la brecha de género, en referencia a que las mujeres cobran un 41 por ciento menos de pensión que los hombres, y a la penalización de las jubilaciones anticipadas.

También han reivindicado una cobertura de las necesidades de atención a la dependencia (incluida la asistencia socio-sanitaria) y que las mismas sean de carácter «público».

A su vez, han indicado que el Gobierno español «gasta en pensiones cuatro puntos menos que el PIB de países del entorno» y, han agregado, que la sucesivas reformas del sistema de pensiones (de 2011 a 2013) «han empeorado los requisitos y las cuantías de las pensiones» y «no han garantizado su sostenibilidad futura».

La marcha organizada por este colectivo ha partido al mediodía del Ayuntamiento de Iruñea y ha estado presidida por una pancarta con la frase ‘Pensión pública digna mínima 1.080 euros’.

Durante el recorrido por las calles de Alde Zaharra, se han mostrado carteles con lemas como ‘Pensiones públicas y dignas’, ‘Por un sistema propio de protección y Seguridad Social’ o ‘Con estas pensiones, las mujeres condenadas a la pobreza’.