Ramón Sola

Del informe de la tortura al de SF78, la verdad aflora oficialmente

El segundo panel de este V. Foro Social ha abordado varios casos de certificación oficial de la verdad del conflicto, superando décadas de negación judicial. Paco Etxeberria ha detallado cómo han elaborado el informe sobre la tortura en la CAV y cómo van dando pasos en Nafarroa, Amaia Kowasch ha explicado la investigación de Sanfermines 78, y Bertha Gaztelumendi, los trabajos de memoria compartida de Argituz en varias localidades.

Mesa redonda sobre víctimas y verdad con Paco Etxeberria, Bertha Gaztelumendi y Amaia Kowasch. (Jagoba MANTEROLA / FOKU)
Mesa redonda sobre víctimas y verdad con Paco Etxeberria, Bertha Gaztelumendi y Amaia Kowasch. (Jagoba MANTEROLA / FOKU)

De todos estos casos y algún otro que ha aparecido sobre la mesa, como el informe hecho hace una década sobre el 3 de Marzo en Gasteiz, especialmente apabullante es el estudio sobre la tortura encargado por el Gobierno de Lakua, que refirió 4.113 casos y extrajo muchas conclusiones de ellos. El forense Paco Etxeberria lo ha abanderado en una intervención cargada de lecciones profesionales y de conclusiones apabullantes, empezando por la primera: «Verdad, justicia y reparación van en este orden, y cuando esto se desordena, ya no sirve; donde se ha querido hacer reparación antes que verdad, hanfracasado».

Etxeberria ha recordado que el actual ministro del Interior español sigue sosteniendo que «lo que no sea verdad judicial no vale», pero incluso dando por bueno ese argumento le ha recordado que ya hay sentencias sobre torturas «que ponen los pelos de punta», además de la reciente europea que por primera vez reconoce un maltrato, en el caso de Portu y Sarasola. El forense donostiarra ha combatido impresiones erróneas, como la de que históricamente no ha habido pruebas o noticias públicas sobre la tortura; ha recordando que obispos, colegios de abogados, medios, el Parlamento de Gasteiz en veinte resoluciones... han aludido a la tortura. «Papeles hay muchos», ha afirmado, pero lamentando que «quizás no se ha trabajado de forma suficiente», porque por ejemplo la actual judicialización de estos casos en Argentina o Chile no ha caído del cielo, sino que tiene como base investigaciones ciudadanas previas.

El trabajo en la CAV ha consistido, de hecho, en ir pidiendo a cada persona sobre la que existían noticias de torturas que ratificara si era así: «Y cuando le preguntas, la gente te dice lo que le ha pasado. Si le han puesto electrodos dos veces, no te dice que fueron cuatro ni dieciséis, no tiene necesidad de ello. La gente disimula más que simula».

En consecuencia, lo que el informe del Instituto Vasco de Criminología ha hecho ha sido poner negro sobre blanco la «verdad formal» (con su certificación, su protocolo...) de algo que no era secreto para casi nadie. Por eso ocurre que nada más lanzarse el mismo estudio en Nafarroa, «han entrado a hundirlo, desde el minuto cero. ¿Y por qué? Porque ya saben cuáles van a ser las conclusiones. Si la tortura no hubiera existido, ¿a qué iban a temer?».

Al margen de este estudio, Paco Etxeberria ha destacado el caso de la investigación hecha hace una década sobre el 3 de Marzo, certificada por las Juntas Generales de Araba –a lo que concede importancia vital–, como «una comisión de la verdad a escala microscópica y aquí mismo». Posteriormente, sentada en la misma mesa, Amaia Kowasch ha explicado la investigación similar realizada recientemente en Iruñea en torno a los hechos de Sanfermines de 1978, parte de una campaña más amplia de 40 aniversario en la que se intenta todavía lograr la desclasificación de los archivos del Ministerio del Interior.

Este trabajo, ha explicado Kowasch, ha certificado impresiones como la de que el asalto policial fue «premeditado». Lo que se plantea ahora es intentar forzar la investigación judicial «lo antes posible» a través de la presentación de una querella. Los autores del informe ni siquiera han tenido acceso a los cinco sumarios que se abrieron en su momento, pero este trabajo, impulsado por el Ayuntamiento, ha terminado recogiendo la verdad de los hechos.

Consistorios como los de Errenteria, Lasarte-Oria y Elgoibar también han hecho estos últimos años su aportación a la verdad del conflicto, de la mano de Argituz y mediante la fórmula de la «memoria compartida, inclusiva». Bertha Gaztelumendi ha explicado cómo han documentado las vulneraciones de derechos humanos producidas en el marco del conflicto, intentando componer «una verdad que es poliédrica». Ha remarcado que para ello se requiere acuerdo entre todos y trabajar «con prudencia, porque la verdad es dolorosa, hay que ir despacio, con paciencia». El objetivo no es solo hacer un mero listado de violencias, sino que va mucho más allá: «En primer lugar, poder reconocer y reparar a las víctimas, y después, aportar a la conviencia y a la no-repetición».

Este V. Foro Social monográfico sobre las víctimas y su derecho a la verdad continúa mañana sábado en Bilbo tras esta sesión inaugural de Iruñea.